Aprobación a la reforma de la educación superior

SEÑOR DIRECTOR

El Congreso aprobó la reforma a la educación superior más importante desde 1981. Dicho año se dio inicio a un modelo de naturaleza pública y privada, el mismo que ha estado presente en la mayoría de los países con sistemas de educación terciaria exitosos.

Este antecedente no tuvo peso a la hora de legislar. La reforma establece un nuevo esquema de financiamiento que discrimina entre universidades por su condición jurídica o año de creación lo que conlleva un retroceso en calidad y equidad. Hay dos impactos económicos relevantes en las instituciones y se agrega una política pública muy injusta. Primero, instaura la gratuidad para estudiantes de familias hasta el sexto decil, pero define una institucionalidad para el traspaso de los recursos públicos que causará importantes déficits para las universidades adscritas. Ese es el golpe financiero de la gratuidad. Además, fija un itinerario para el avance hacia los deciles siguientes, culminando en la gratuidad universal. El gobierno ha reconocido que para que ello suceda será necesaria una nueva reforma tributaria. De ser así, significa que se gravan los mayores recursos públicos futuros sin importar si existen urgencias de gasto social más apremiantes. Finalmente, en la transición, a las universidades adscritas se les obliga a congelar los aranceles para los alumnos sin gratuidad de los deciles 7, 8 y 9, en base al arancel vigente 2017. Ese es el golpe financiero de la fijación de aranceles. De acuerdo a estimaciones de Clapes UC, esto tiene un efecto del orden de los $57 mil millones anuales.

Como puede verse, una reforma que constituye una seria amenaza para la calidad en universidades con probada vocación pública. Dado que las estatales quedaron a resguardo con la ley especial solo para ellas, queda claro que las más afectadas serán universidades no estatales; en particular, las del G9 y algunas privadas.

Carlos Williamson

Profesor Universidad Católica de Chile