Aumento de sanciones en delitos de colusión

Después de varias semanas anticipando su lanzamiento, finalmente el gobierno anunció la denominada agenda "antiabusos". Esta contiene una serie de medidas que buscan incrementar -en palabras de la actual administración- las sanciones a los denominados "delitos de cuello y corbata". Una de las medidas considera "aumentar las sanciones penales con penas de cárcel efectivas, para los delitos de colusión cuando los bienes afectados sean de primera necesidad, como medicamentos o alimentos".

El trasfondo de lo que persigue esta iniciativa es válido, sobre todo porque los casos de conductas colusorias en el país han causado un profundo impacto en los mercados y han tenido una alta repercusión pública. Los casos más destacados han sido justamente en mercados de productos de primera necesidad, que han afectado a cientos de miles de consumidores.

El gobierno intenta avanzar en una dirección correcta en su afán por inhibir conductas que afectan la confianza de los mercados. Sin embargo, el anuncio -todavía en ideas generales- entrega señales confusas. En primer lugar, señala que el aumento de sanciones penales se hará efectivo solo ante delitos de colusión que afecten productos de primera necesidad, cuando es probable que conductas colusorias en otros mercados pueden tener impactos iguales o peores en la economía y en la confianza pública. El criterio debiera ser que independiente del mercado donde se origine el delito las sanciones estén asociadas a los efectos que este produzca.

Otro aspecto esencial es armonizar estas mayores penas con el resto de las sanciones del sistema penal para evitar, como ha ocurrido con otras iniciativas, como la Ley Emilia, sanciones asimétricas entre delitos de gravedad equivalente. Además, es esencial evaluar los cambios recientes que se han hecho al marco legal en materia de libre competencia y revisar si las nuevas penas establecidas en 2016 -que incluyen cárcel para delitos de colusión y mayores multas- son insuficientes, sobre todo considerando que estos últimos dejaron a Chile entre los países más estrictos en materia de sanciones frente conductas antimercado.

Pero hay un aspecto más de fondo, que es la imparcialidad y la uniformidad en los criterios que aplica el Poder Judicial en Chile. La disparidad en los fallos judiciales en el pasado reciente, muchos de los cuales reinterpretan la ley vigente, abre importantes grados de discrecionalidad que podrían derivar en sanciones desmedidas o desiguales. Es evidente que delitos probados de colusión deben tener penas altas, donde la cárcel efectiva podría ser eventualmente una opción, pero condenas de esa gravedad deben responder a criterios claros, permanentes y simétricos para todos los casos.

Un aspecto esencial para lograr esta ecuanimidad es el fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica. Tomando en cuenta que dicho organismo tiene la iniciativa de la acción penal en casos de colusión, sería positivo avanzar hacia un esquema donde la decisión no quede radicada en una sola persona, sino más bien en una estructura de cuerpo colegiado, porque de esa forma se podría asegurar mejor que los criterios para aplicar sanciones drásticas sean adoptados en la forma más imparcial posible.