Bochornosa pugna de Fiscalía y Carabineros



La abierta pugna que se ha desatado entre Carabineros de Chile y el Ministerio Público -donde esta última institución acusa a la policía uniformada de una grave manipulación de pruebas en el marco de la "Operación Huracán"- es una situación no solo inédita sino enteramente irresponsable, porque ante graves acusaciones cruzadas se erosiona la credibilidad en instituciones fundamentales y muestra una torpeza mayúscula para haber impedido que una situación así se desbordara hasta este punto.

Los hechos que se imputan a Carabineros en cuanto a manipulación de pruebas para lograr inculpados en un delito de quema masiva de camiones en La Araucanía, revisten especial gravedad y deben ser despejados cuando antes. La Fiscalía de La Araucanía presentó un escrito en tribunales para cerrar la causa y abrir una investigación de todos quienes resulten responsables de esta adulteración. "(Las diligencias pendientes) dan cuenta de la desidia y desprolijidad en el trabajo investigativo por parte de la Unidad de Inteligencia Especializada de Carabineros", dice en parte de su escrito. Antes, Carabineros había acusado que desde la propia Fiscalía -así como de la Agencia Nacional de Inteligencia- hubo filtraciones de la "Operación Huracán" hacia alguno de los inculpados, lo que ha sido negado por el Ministerio Público, acusando que en esta denuncia también se fabricaron pruebas.

El gobierno ha ordenado un urgente sumario a Carabineros, cuyas primeras diligencias ya se concretaron. Al Ministerio del Interior le habría correspondido la indispensable tarea de haber hecho una labor de coordinación entre ambas instituciones para contener esta cascada de acusaciones cruzadas. Pero su manifiesta prescindencia en una crisis cuya gravedad no cabe minimizar ha contribuido al desborde de la situación.

Carabineros, por su parte, ha negado tajantemente la manipulación de pruebas, y su director de Inteligencia ha insistido en validar la investigación, manifestando su preocupación por el cierre del caso por parte de la Fiscalía, algo que resulta insólito considerando que constitucionalmente el Ministerio Público tiene el monopolio de la acción penal. Como institución no deliberante debe actuar con prudencia y sujetarse rigurosamente a lo que dispone la ley.

La falta de tino y mesura de instituciones clave como la Fiscalía y Carabineros es sencillamente inaceptable, las que optaron por una inconveniente guerra mediática antes que por la prudencia y los canales adecuados, causando un grave daño a la credibilidad en el trabajo de ambas instituciones. Al entrar en una abierta e irresponsable pugna, se hace difícil que el trabajo mancomunado en contra del delito pueda desarrollarse en forma que brinde confianza y tranquilidad a la propia ciudadanía, de lo que solo se beneficia la delincuencia.

Los habitantes de La Araucanía probablemente observan con profundo estupor que en los casos de violencia que los han afectado, si antes de este episodio campeaba la impunidad, ahora la posibilidad de lograr justicia se aleja aún más. Esta falta de confianza ocurre, además, justo cuando el juicio del caso Luchsinger-Mackay deberá ser repetido, donde la Fiscalía deberá presentarse con las pruebas recabadas en su momento por Carabineros.

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