Cambio de gobierno y cambio constitucional

El proyecto de nueva Constitución presentado por la Expresidenta Bachelet en los últimos momentos de su mandato fue criticado por diversas razones. Algunas críticas apuntaron al secretismo con el que se elaboró, pero las razones ofrecidas para justificar este reproche no son las correctas. Se objetó que los partidos de la coalición de gobierno no habían conocido el texto del proyecto antes de que fuera presentado. Pese a que el secretismo es reprochable, al tratarse de un proceso constituyente que se presentó como "abierto a la ciudadanía" la falta de transparencia no es una afrenta a los partidos, sino a la ciudadanía cuyas deliberaciones habrían de recogerse en el texto constitucional. En este sentido, el reclamo de los partidos demuestra incomprensión del sentido de que el proceso del gobierno apelara a la ciudadanía, lo que se fundó en el reconocimiento de que las formas de representación política tradicionales no son adecuados para hacerse cargo de la demanda actual por una nueva Constitución. Lamentablemente, el gobierno terminó desoyendo las recomendaciones del informe de la OCDE sobre el proceso constituyente del que en un momento hizo gala. En su reporte la organización internacional llamó la atención sobre el hecho de que el gobierno no había provisto feedback a la ciudadanía ni se habían implementado mecanismos para que la elaboración del texto involucrara a la ciudadanía. Lejos de suplir esa debilidad, el texto fue redactado por un grupo de personas cuya identidad es un misterio, a pesar de que la vocera de gobierno afirmó que serían "conocidas en su momento oportuno".

Además de la anterior, la crítica más reiterada fue la referida al momento en que se envió el proyecto. Como en otros momentos del itinerario constituyente presentado en octubre de 2015, los plazos anunciados resultaron ser bastante flexibles (excepto respecto de la duración de la etapa participativa, a la que se puso término cuando parecía estar tomando vuelo). Lo criticable, sin embargo, no es la flexibilidad de los plazos, sino la impresión de que el proyecto solo sirvió para poder marcar la última casilla del checklist del itinerario, sin intención real de que fuera discutido en el Congreso, la opinión pública, ni mucho menos en una eventual "convención constitucional" (como buscaba el fallido proyecto de reforma al capítulo XV).

El gobierno entrante ha rechazado el proyecto de la Expresidenta. Sin embargo, ha manifestado su intención de impulsar algunas reformas parciales, las que apuntan a modificaciones al régimen de gobierno, extendiendo el período presidencial, o permitiendo la reelección (según planteó el programa de gobierno). Si persigue esas reformas, el gobierno deberá satisfacer distintos imperativos. Por un lado, la necesidad de conseguir apoyo en un Congreso en el que no tiene mayorías aseguradas ni siquiera para reformas legales, lo que requerirá abrirse a posturas ajenas con el riesgo de volver a abrir la "caja de pandora" constitucional. Por otro lado, debe cumplir un imperativo de legitimidad política: los "grandes acuerdos" en que se apoye el cambio constitucional no pueden ser solo internos a la élite política, ni parte de una estrategia para favorecer la proyección del proyecto político de la coalición gobernante, sino que deben gozar de la legitimidad que solo la participación ciudadana real y la plena representación política pueden dar.