Álvaro Ortúzar

Álvaro Ortúzar

Abogado

Opinión

Conciliación en Dominga


De una u otra forma, en nuestro país los casos que involucran proyectos industriales complejos llegan a resolverse por una sentencia judicial. En principio, esto no tendría nada de malo si no fuera porque, por regla general, previamente la autoridad política ha hecho fracasar el propósito de desarrollo económico y sustentabilidad que se expresa en la Constitución, o bien los organismos competentes actúan bajo presiones de organizaciones comunitarias o grupos de interés, o porque las autoridades públicas abandonan sus deberes constitucionales sin responsabilidad alguna. El hecho es que los temas que debieran ser decididos especializadamente terminan siendo dirimidos por los tribunales. Estos dan garantía de imparcialidad, pero no necesariamente actúan ceñidos a lo que se conoce como el principio de “deferencia técnica”.

Sin embargo, el proyecto minero portuario Dominga presenta algunas particularidades en las que hay que fijarse. Como se sabe, viene de ser rechazado por el Comité de Ministros en una decisión dividida y criticada, al punto que desató una crisis de gabinete. Se habló de un proyecto muerto definitivamente que, a lo sumo, podría presentarse nuevamente.

Pero se trataba de una resolución administrativa y, como tal, susceptible de un recurso de reclamación ante un tribunal. Nada menos que un tribunal especializado con conocimientos técnicos. Y así, el asunto recayó ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.
De esta forma, al contrario de la regla general, existe una instancia judicial especializada que puede revisar una decisión del Comité de Ministros.

Pero además, el Tribunal Ambiental dispuso que las partes concurrieran a una audiencia de conciliación, esto es, a una mesa para conversar acerca de unas bases de acuerdo que propondrá el propio tribunal por intermedio de su presidente. Este acto ilustra acerca de dos cuestiones muy importantes en un proceso: primero, da cuenta de que el tribunal se ha informado del asunto y maneja los antecedentes, por lo que los abogados han de ser especialmente rigurosos en sus planteamientos. En segundo lugar, hay que concurrir con ánimo de conciliar. A estas audiencias no se es invitado a ganar posiciones, sino a buscar un acuerdo de buena fe, donde es esencial ceder. El juez juega un papel fundamental pues la ley lo protege en el sentido de que las opiniones que exprese no lo inhabilitan para retomar su condición de tribunal si la conciliación fracasa. Pero ha de manejarse con un criterio y prudencia extremos. En este caso, aparte de Andes Iron y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que son los actores principales, podrían concurrir otros nueve “terceros” para colaborar con el acuerdo o entorpecerlo.

Este capítulo de Dominga empezará a escribirse a pocos días de que asuma el nuevo gobierno. Sería conveniente que al escritorio de la ministra Marcela Cubillos el tema llegara zanjado. De otro modo, volverá a contarse la historia desde el principio, incluyendo la participación que le cupo tiempo atrás a una sociedad del Presidente Piñera.

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