Opinión

Condena a las elecciones anticipadas en Venezuela


Los 14 países que conforman el llamado Grupo de Lima emitieron el martes pasado una dura declaración de condena contra la decisión del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de adelantar sorpresivamente las elecciones presidenciales para el 22 de abril próximo, pese a que inicialmente estaban previstas para diciembre de este año, afectando las garantías democráticas mínimas que deben existir en todo proceso electoral. Según el texto, los comicios anticipados “no permitirían realizar un proceso justo, libre, transparente y democrático”, y exhorta al mandatario venezolano a reconsiderar la fecha establecida para las próximas elecciones presidenciales por no dar margen para que todas las opciones puedan contar con las mismas garantías electorales.

La declaración, a la que se sumó luego la decisión del gobierno peruano de retirar la invitación a Nicolás Maduro para la próxima Cumbre de las Américas que se realizará entre el 13 y 14 de abril próximo en Lima, es un paso positivo que da cuenta del endurecimiento de la postura de la región frente a los sucesos de Venezuela y del creciente aislamiento del régimen venezolano. La convocatoria a elecciones en un plazo de poco más de 60 días y el impedimento que enfrentan las principales figuras de la oposición para participar en ese proceso, dan cuenta de la creciente violación de las mínimas garantías democráticas que viene sufriendo Venezuela y la evidente deriva autoritaria que ha experimentado el gobierno de Nicolás Maduro en los últimos años.

Las recientes acciones adoptadas por el régimen vienen a confirmar su nula disposición a conversar y a respetar los principios democráticos. En la fracasada mesa de diálogo establecida en República Dominicana, entre el gobierno y la oposición, el régimen nunca dio señales de apertura y terminó utilizando la instancia básicamente para ganar tiempo y acrecentar las divisiones en la oposición. El adelantamiento de las elecciones aparece, por ello, como otra maniobra de Maduro para mantenerse en el poder. La sola convocatoria a elecciones no es una señal de compromiso democrático, como insistió el canciller venezolano en una entrevista a este diario, si no existen garantías mínimas que aseguren la imparcialidad del ente electoral y de que todos quienes participen en los comicios gocen de igualdad de condiciones, cosas que en este caso no suceden.

Lo anterior vuelve claramente ilegítimas las próximas elecciones venezolanas y exige que la comunidad internacional mantenga su presión sobre el régimen, más aún considerando la grave crisis humanitaria que sigue afectando a ese país. En ese sentido, no solo la declaración del Grupo de Lima sino también la decisión de Perú de retirarle la invitación a la Cumbre de las Américas es una señal acertada que responde plenamente a los principios acordados por los propios países de la región. Pese al rechazo e insistencia de Maduro de que igualmente asistirá a Lima, lo cierto es que la declaración de la cumbre de Quebec de 2001 establece con claridad que todo Estado del hemisferio que haya sufrido la “alteración o ruptura incondicional del orden democrático” no podrá participar en esa instancia. Una situación que claramente se ha producido en Venezuela.

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