Opinión

Constitucionalidad de visa a haitianos


Un grupo de parlamentarios de oposición ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar el decreto del gobierno que estableció una visa de turismo para todos los ciudadanos haitianos que busquen ingresar al país con fines recreacionales, sin propósito de inmigración o residencia. Los recurrentes, según detallan en su escrito, hacen ver que el nuevo decreto -en tanto se concentra únicamente en haitianos- es una medida discriminatoria y sin fundamento racional -pues no logra justificar con suficiente base las razones de dicha restricción particular-, lo que vulneraría garantías constitucionales.

Será ahora el TC la instancia que deberá resolver esta materia, la cual resulta de especial relevancia porque en función de lo que allí se resuelva se precisará mejor el alcance de las facultades que tiene el Presidente de la República para dictaminar la política migratoria del país. Si en definitiva prevaleciera la visión de que la exigencia de esta visa atenta contra la Constitución, también se debe estar consciente de que en los hechos el gobierno podría quedar sin herramientas para ordenar situaciones transitorias y objetivamente complejas, prerrogativa de la que ninguna democracia prescinde.

La inmigración haitiana ha aumentado de manera explosiva en los últimos años. Su ingreso al país ha sido en general recurriendo a los mismos mecanismos que otros extranjeros han utilizado, esto es, ingresar bajo la modalidad de turista, y durante la vigencia de dicho permiso o posterior a su vencimiento, comenzar a tramitar una residencia permanente. Probablemente la razón que justifica una regulación especial en el caso haitiano tiene que ver con el hecho de que una parte importante de sus migrantes ha buscado asentarse de manera más definitiva en el país, lo que es explicable ante la muy precaria situación institucional y económica de Haití. Otros inmigrantes, aunque también han llegado de manera masiva a Chile en los últimos años -es el caso, por ejemplo, de colombianos y peruanos-, probablemente su motivación central no responde al anhelo de una residencia definitiva, sino más bien transitoria, a la espera de que la situación en sus respectivos países mejore o se normalice.

No cabe duda de que ninguna regulación por parte del gobierno puede pasar a llevar garantías constitucionales, pero parece difícil sostener que en el caso de las regulaciones a la inmigración haitiana hay un mero capricho de la autoridad o sus fundamentos carecen de total racionalidad. De hecho, y probablemente advirtiendo las complejidades humanitarias, la medida migratoria haitiana también contempla que a partir de junio se implemente la visa humanitaria de reunificación familiar. Sin embargo, de extremarse la visión de que no caben políticas migratorias diferenciadas según el caso, injustamente también podría llegar a cuestionarse la constitucionalidad de esta visa humanitaria, o aquella especial que el actual gobierno estableció para facilitar la inmigración venezolana ante la brutalidad del régimen chavista.

Con todo, el recurso de constitucionalidad es un potente llamado de atención para que el país se dote de una legislación moderna, con normas que favorezcan una inmigración ordenada. Allí hay espacio para terminar con la ficción de los ingresos bajo la forma de turismo, y crear un nuevo sistema de visas de trabajo, acorde a las necesidades del país.

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