Contralor (y su "triunfo") estatal

Algarabía provocó en algunos sectores políticos el dictamen de la Contraloría que ordenó dejar sin efecto el protocolo para la manifestación de la objeción de conciencia a la realización de abortos. El "triunfo", en efecto, es uno importante: el contralor ha ratificado, no sin cierta mañana, la vieja aspiración política (de izquierda) sobre que lo público y lo estatal se identifican. Quien cumple una función pública debe comportarse igual que el Estado, porque si es público, es estatal.

El decreto con fuerza de ley que regula los convenios celebrados entre el Servicio de Salud y los privados, menciona que éstos "sustituyen" a aquel en la ejecución de "una o más acciones". Como la sustitución opera para realizar una función pública, el contralor concluye que el privado debe comportarse como el Estado. Lo que no dice –de modo expreso– es que, a su juicio, el único que ejerce funciones públicas es el Estado, porque si no ¿cómo dar ese salto lógico? Pero aquello parece ir contra el texto expreso de la Constitución que señala que garantizar el acceso a la salud es "deber preferente del Estado". Quizás hay otro diccionario en que "preferente" significa lo mismo que "único" y no que existan otros además de quien tiene el deber primario (…y, oh maravilla lógica, no es el mismo ni identificado con él).

Más curioso resulta que se señale que los convenios fueron celebrados "voluntariamente" y que implican la transferencia de "recursos públicos" en una especie de refuerzo a su argumento. Lo primero es absurdo, porque al momento de celebrarse los convenios no existía ley de aborto, por lo cual es imposible que fuera parte de la aceptación de un convenio. ¿No son obligatorios los contratos en los términos celebrados excluyendo las modificaciones unilaterales? Lo segundo, en el tema de los recursos, nos muestra la clave real del problema: si hay platas públicas no hay espacio para la deliberación de los particulares. De nuevo hay identificación, con una curiosa manera de entender la diversidad y pluralidad de instituciones en la sociedad: tan amplia como la billetera de cada cual, tan controlada como el peso de las monedas estatales.

Aunque el primer argumento de la Contraloría aduce a la jerarquía legal –la materia corresponde a un reglamento–, mal haría el gobierno y su coalición en no reparar en el fondo del asunto y centrarse en solucionar solo la cuestión de forma. Muchas de sus convicciones se juegan en esta pasada. El sentido de lo público así como el rol que los privados –ya sean individualmente o asociados– tienen en él –y los modos en que pueden contribuir al bien común– son afectados al reducirlos todos a la acción estatal. Obviamente repercutirá luego en materias tan distintas como la educación o el medioambiente. Bajo el mismo fundamento, si no se igualan a la definición del poder central, se las dejará a su suerte y, en esas condiciones, difícil será la sobrevida de los proyectos divergentes. Este no es otro más de los asuntos "valóricos" de los cuales deberían intentar desprenderse lo antes posible, por el contrario, la derecha se juega aquí un elemento fundamental: la sociedad es previa al Estado. ¿No había tanto liberal autentico en la coalición gobernante?