El crucial desafío que enfrentará Chile en la próxima década

A fines de la década de los 2000, es estimaba que Chile alcanzaría en 2020 ingresos similares a los de Portugal, lo que permitiría situarnos en los primeros estadios de un país desarrollado. A punto de llegar a la fecha comprometida, la meta se ve ahora muy lejana: mientras Portugal tiene un PIB per cápita superior a los US$ 33.000, Chile logra algo más de US$ 26.000. La condición para alcanzar dicho objetivo -recordaban las autoridades económicas de entonces- era que el país siguiera creciendo al mismo ritmo que lo había hecho desde comienzos de los 90, lo que evidentemente no sucedió.

Mirando la evolución del conjunto de indicadores de Chile y los cambios culturales que éste ha experimentado a lo largo de los últimos diez años, sería desproporcionado concluir que se trata de una década pérdida. La pobreza medida por ingresos experimentó una fuerte disminución -de 25% en 2009, a 8% en 2017-, en tanto que si un 48% de los jóvenes entraba a la educación superior en 2008, hoy lo hace cerca del 60%. Fenómenos sociales que han emergido con fuerza como la valoración del rol de la mujer en la sociedad, el respeto y protección a las minorías así como una mayor conciencia medioambiental revelan una positiva evolución. La masiva llegada de inmigrantes también nos ha hecho una sociedad mucho más multicultural.

A pesar de estos y otros significativos avances, el país entra al 2020 en un clima político alterado, con políticas económicas y fiscales riesgosas y encaminado a rediseñar su Constitución Política, en medio de la efervescencia social. Se avecina así un significativo desafío para el país, tal que sea posible procesar institucionalmente estas demandas de cambios, sin resentir el crecimiento.

Los analistas debaten intensamente sobre las causas del estadillo social. Es muy probable que, a las fallas e inequidades en el funcionamiento de muchas instituciones del país que configuraron el escenario de hastío que moviliza a parte de la población, se haya sumado como un detonante último de la violencia e inquietud que vive el país la caída en el crecimiento económico. Esta, arrastrada por casi seis años antes que se desatara la reciente crisis, comenzó a ser percibida como una nueva normalidad, gravemente limitante de las posibilidades de progreso para su población.

Ha habido la acción violentista de grupos extremistas, anárquicos, vinculados al narcotráfico y la marginalidad, respaldada en la condescendencia de un segmento joven de la población -crecido en décadas de prosperidad- que no reconoce mayores méritos en la evolución del país o en su institucionalidad. Un nuevo contexto tecnológico que facilita el acceso a información y reduce el costo de conformar grupos de intereses comunes hace posible la expresión simultánea de múltiples demandas sobre las que cuesta establecer prioridades, representatividad o formas consistentes de darles respuesta.

El complejo trance actual debe ser superado el 2020. Solo en un ambiente pacificado y de mayor estabilidad podrá retomarse el camino al desarrollo avanzando por vías democráticas, participativas y que acojan las insatisfacciones que se expresan para reflejarlas en ajustes al funcionamiento del país, compatibles con las nuevas demandas de inclusión social, apoyo a sectores más desprotegidos, progreso para los sectores medios y consideraciones ambientales. De otra forma no habrá legitimidad tras el ejercicio constituyente que el país se apresta a abordar.

El efecto final del actual cuestionamiento profundo a la institucionalidad chilena será positivo si se reconoce que la fortaleza del país ha estado en su democracia representativa y su economía libre, que han probado por décadas ser capaces de llevar a libertades crecientes y progreso sostenido, más allá de carencias, ineficiencias, distorsiones o discriminaciones en muchos ámbitos, que deben ser corregidas.