Cuestionamientos por bono clase media

Un reciente informe del Servicio de Impuestos Internos (SII) reveló que más de 437 mil trabajadores recibieron el bono de clase media sin reunir los requisitos exigidos para ello, representando alrededor de un 25% del total de personas que han accedido al beneficio. Sorprendentemente, se informó que de quienes no tenían derecho al bono, 37 mil corresponden a funcionarios públicos, hecho que ha abierto una intensa polémica, en particular porque en estarían comprometidos más de US$ 250 millones.

El bono clase media, que hubo de implementarse sobre la marcha atendidos los graves efectos provocados por la pandemia, corresponde a un monto de hasta $ 500 mil que entrega el Estado a todos los trabajadores o empresarios individuales que acrediten una reducción de a lo menos 30% de sus ingresos como consecuencia de la emergencia sanitaria. La puesta en marcha estuvo marcada por confusiones que en un primer momento produjeron una serie de equívocos, al punto que la Contraloría abrió una auditoría en el SII y en la Tesorería a fin de indagar eventuales problemas en la postulación y pago de este beneficio.

No existe claridad en este momento hasta qué punto estas confusiones pudieron haber sido un factor determinante para que tantas personas incurrieran en esta equivocación, o si se trata de abiertas intenciones de defraudar el sistema. Aun cuando el propio SII abrió una ventana para que los fondos sean restituidos en Tesorería hasta el 30 de noviembre sin cobro de reajustes ni intereses, es fundamental que se lleve a cabo una investigación exhaustiva para aclarar el origen del problema. El Ministerio Público ya evalúa abrir una indagación penal, para cuyos efectos solicitó copia de toda la base de datos, lo que si bien es un paso importante, requiere ser complementado con la propia investigación administrativa así como la evaluación del diseño de las políticas públicas.

Con todo, es lamentable la reacción que ha tenido la dirigencia de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) una vez conocidos los hechos, en que ha preferido trasladar toda la responsabilidad a los organismos encargados, denunciando además maniobras políticas para desacreditar a los empleados fiscales. Cabría esperar mayor altura por parte de esta organización, cuando en esta fase no cabe descartar que la fe pública haya sido gravemente lesionada por parte de funcionarios públicos.

Pese a las confusiones que pudo haber provocado el diseño de esta política en muchos, es dudoso que trabajadores que conservan su empleo y que no han visto reducciones de sus remuneraciones -como es el caso de los empleados públicos- puedan calificar para este beneficio. Por ello, más que una defensa corporativa, lo que cabe esperar es que exista amplia colaboración para esclarecer estas denuncias y voluntad para aplicar las sanciones que eventualmente se puedan derivar de los sumarios respectivos, los que incluso pueden devenir en una destitución. Aun cuando el cumplimiento de la ley no puede hacer distingos entre personas naturales y funcionarios del Estado, es evidente que sobre estos últimos recae una responsabilidad aún mayor, por el cuidado que les cabe en el manejo de los recursos públicos, donde el principio de probidad resulta un pilar esencial.