Opinión

Datos personales


SEÑOR DIRECTOR

Muchos de los usuarios de servicios informáticos hemos recibido diversos correos electrónicos, informándonos de los cambios en las condiciones del tratamiento de los datos personales que recolectan en el desarrollo de sus actividades. Tal modificación se debe a la entrada en vigencia de la Regulación General de Datos Personales de la Unión Europea, prevista para este 25 de mayo.
La nueva legislación, de aplicación directa para todos los estados miembros del bloque, viene a reformular toda la regulación existente respecto del tema, reconociendo, ampliando y reforzando los derechos de los titulares de los mismos, tales como acceso, rectificación, cancelación y oposición, incluyendo el a veces polémico “derecho al olvido”, y estableciendo un marco claro y detallado para las compañías que procesan los datos de los individuos, comprendiendo, entre otros, una reforzada interpretación del consentimiento del titular de datos como elemento esencial de un tratamiento legítimo de los mismos, y la necesidad de que éste se manifieste de una manera clara, expresa, inequívoca y sin condiciones. Las multas por su incumplimiento son ejemplarizadoras: hasta 20 millones de euros, o en el caso de las empresas, hasta el 4% del volumen de su negocio total anual.
Consciente del carácter global de los mercados, y de la importancia cardinal que los datos personales juegan , se establecen mecanismos para resguardar los derechos de sus titulares, aun cuando su procesamiento se lleve a cabo fuera de las fronteras de la UE, para certificar el “nivel de protección adecuado” que ofrezca el tercer país involucrado.
Estos antecedentes son el impulso ideal para nuestro país de continuar, sin dilaciones, con la tramitación del proyecto de ley de reforma de la ley de tratamiento de datos personales, actualmente en primer trámite constitucional en el Senado, y que viene a actualizar nuestra caduca legislación, próxima a cumplir 20 años, fortaleciendo los derechos de los titulares de los mismos, y creando una organismo de control y fiscalización, la Agencia de Protección de Datos Personales, para su adecuada observancia y eficacia.

Cristián Campos Meza
Abogado

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