Debate por sueldos en sector público

La discusión sobre los sueldos que reciben las autoridades ha escalado más allá de lo previsto inicialmente. Esto, porque la tramitación de un proyecto de ley que busca acotar las dietas parlamentarias, presentado por el Frente Amplio, fue sorpresivamente impulsada por las declaraciones del presidente Piñera, quien señaló que "las dietas parlamentarias en Chile, igual que los sueldos en muchos otros sectores y empresas públicas son demasiado altos para las necesidades, para las urgencias que tiene el país".

Las palabras del mandatario no solo le dieron piso político a la reforma impulsada por el Frente Amplio, sino que extendieron su alcance a otros cargos de la administración pública. En el ámbito parlamentario, es perfectamente viable generar una discusión para evaluar las rentas que perciben los congresistas ya que existe amplia evidencia comparada que permite confrontar la realidad local con la de otros países. En cambio, la situación difiere en el caso de las empresas o servicios públicos.

Ciertamente, el óptimo en las empresas del Estado sería avanzar hacia una privatización parcial o total, que de concretarse generaría recursos a las alicaídas arcas fiscales, obligaría a establecer modelos de gestión competitivos -lo que por cierto incluiría esquemas de remuneraciones de mercado- y agilizaría diversas industrias. Como esta opción no ha estado presente en el debate público, al menos se espera que tanto los directivos, como los ejecutivos de primera línea, detenten un alto nivel profesional, para lo cual un requisito esencial -aunque no único- es que sus ingresos sean equivalentes a los que ofrece el sector privado.

Situación similar ocurre en el caso de los cargos bajo el sistema de Alta Dirección Pública. El objetivo con el que se creó el servicio civil fue profesionalizar la gestión en el sector público y atraer talento desde el sector privado. Además, el sistema ha propiciado la paulatina independencia de las reparticiones públicas al gobierno de turno, cuestión que se vio reforzada en el último perfeccionamiento legal que se le hizo al sistema en 2016, cuando se acotó a 12 la cantidad de altos directivos públicos de primer nivel jerárquico que puede cambiar un gobierno en los primeros tres meses de mandato.

Un pilar esencial para la modernización de los servicios públicos es precisamente la renta que perciben aquellos profesionales que transitan desde el sector privado hacia organismos del Estado, por lo que cualquier iniciativa que busque reducirla tendrá impactos en la calidad de los postulantes.

El énfasis de cualquier evaluación que se realice al sector público debe centrarse en un plan de modernización del Estado que optimice las reparticiones públicas, evite las numerosas duplicaciones de tareas y que focalice los recursos estatales privilegiando su rol subsidiario. Este análisis integral muy posiblemente reflejará que el Estado chileno tiene actualmente una sobredotación de funcionarios, por lo que la verdadera solución a las restricciones presupuestarias pasa más bien por reducir la burocracia en vez de rebajar las remuneraciones.