Déficit en universidades producto de la gratuidad



Tras largos meses de tramitación finalmente fue aprobada la reforma a la educación superior. En estas páginas se ha criticado lo errado de las soluciones aprobadas en distintas áreas como la estandarización que generará la acreditación institucional, las variadas atribuciones de la Superintendencia que se crea y la desmedida injerencia que tendrá la futura Subsecretaría del área, entre otros problemas. Es posible que varias de estas deficiencias no impacten en el corto plazo, sino que generen problemas y obstáculos para el desarrollo futuro del sector en los próximos años.

No obstante, la falta de recursos producto de la gratuidad instalada a partir de 2016 ya se está sintiendo, y ella se agudizará luego de que fueran aprobados controles de precios para los aranceles de los alumnos que no son parte del programa de gratuidad. Así, muchas instituciones de educación superior tendrán no solo fijado el nivel de expansión que puede tener su matrícula sino que también el Estado le fijará el arancel a la totalidad de sus estudiantes, quitando toda flexibilidad a las instituciones adscritas al programa -salvo para el 10% de mayores ingresos donde hay libertad de precios, pero en muchas instituciones el número de alumnos de esas características es muy reducido- para conseguir los ingresos que les permitan financiar una formación de calidad. A ello se une el hecho de que las universidades estatales monopolizaron los recursos adicionales para la generación de bienes públicos y labores de extensión.

De acuerdo con un estudio de AcciónEducar, el déficit anual bajo el esquema recientemente aprobado podría alcanzar los $ 30 mil millones y un 27% de ese monto se explicaría por las restricciones a los precios cobrados a los alumnos que están entre los deciles 7 y 9 de mayores ingresos. Dicha restricción, siendo discutible, es casi inevitable si con ello se quiere evitar que la gratuidad de unos sea costeada por aranceles elevados pagados por sus compañeros provenientes de sectores más acomodados, lo que vuelve a demostrar lo mal diseñada que resultó esta reforma.

Esta merma en la cantidad de recursos del sistema ya comienza a manifestarse entre algunas de las instituciones que son parte del sistema, especialmente las privadas que no cuentan con aportes basales del Estado. Del total de 12 instituciones deficitarias identificadas por el centro de estudios, la mitad corresponde a este tipo, con tres de ellas liderando a las instituciones que más recursos dejan de recibir.

Por lo mismo, no es de extrañar que ellas hayan tenido que redefinir sus planes estratégicos, disminuir la incorporación de nuevos académicos e incluso cerrar iniciativas, como trascendió con el centro de políticas públicas de la UDP. Evidentemente, son varios los factores que deben haberse tenido a la vista para tomar este tipo de decisiones, pero es claro que una mayor estrechez financiera -en este caso, producida por una política pública mal diseñada- precipita este tipo de decisiones.

Dado que previo a la gratuidad había suficientes herramientas -todas ellas perfectibles- para garantizar que ningún alumno meritorio quedara fuera de la educación superior, cuesta entender cómo una política con tantos efectos secundarios como la gratuidad, finalmente haya sido aprobada.

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