Juan Enrique Vargas

Juan Enrique Vargas

Profesor Universidad Diego Portales

Opinión

Después del huracán

El general director de Carabineros, Bruno Villalobos, el jueves en la escuela de la institución. Foto: Sebastián Brogca

Si bien probablemente todavía tendremos que presenciar varias vueltas más del malhadado caso Huracán, hay varias lecciones que desde ya podemos ir sacando para pensar mejoras en el futuro.Urge clarificar roles y evitar superposiciones de facultades. Si tenemos un organismo estatal encargado de la persecución penal de los delitos, no hay razón alguna para que otros entes públicos intervengan en los procesos como querellantes. Si quieren ayudar al Ministerio Público en su tarea, muy bien, que lo hagan; pero debe evitarse que puedan actuar levantando estrategias paralelas que no solo confunden a la opinión pública, sino -esto es lo más grave- generan contradicciones, debilitan la acción persecutoria y dilapidan recursos públicos. No cabe duda de que si el Ministerio del Interior no hubiera sido querellante en este caso, todo este entuerto se hubiese resuelto con mayor facilidad y estaríamos avanzando ya en solucionar los problemas habidos en esta investigación y no aún en el medio de una estéril guerra de recriminaciones. Como si fuera poco, ahora se unirán el CDE y el INDH.

Si, por otra parte, tenemos una policía técnica encargada de investigar los delitos y otra uniformada con la misión de prevenir su comisión y resguardar el orden público, por qué esta última destina parte importante de sus recursos y esfuerzos precisamente a la investigación. Nuevamente tenemos aquí una fuente inagotable de potenciales conflictos y de duplicación de recursos. Carabineros debiera concentrarse en sus tareas propias y solo asumir labores de investigación cuando no pueda hacerlo la PDI. Clarificados los roles y acotado el poder de Carabineros, probablemente será más fácil que el poder civil asuma efectivamente el control de esa institución y superar así los problemas con que no se cansa de sorprendernos.

Se hace también necesario separar completamente las labores de inteligencia de las de persecución penal. Todo Estado requiere contar con información que le permita prevenir acciones que le pueden causar perjuicio. Para que sea útil esa información se requieren mecanismos muy rápidos e informales para capturarla. Por lo mismo, los estándares de control de esa información necesariamente deben ser muy distintos a los que requiere el sistema de persecución penal, mucho más exigente sobre la calidad de una información que debe tener la potencia suficiente como para generar una convicción judicial. Que un agente de inteligencia crea que una persona ha cometido un delito, no significa que con los mismos antecedentes un juez pueda condenar a ese sujeto. Cuando se trata de convertir las convicciones del espionaje en convicciones judiciales, uno de los dos sistemas pierde: o el de espionaje se torna ineficiente, o el judicial se relaja. Por eso es mejor dejarlos separados, lo que no obsta a dotar al sistema penal de todas las facultades idóneas para la investigación de los casos complejos y del crimen organizado, pero siempre bajo la lógica y el estricto control del sistema de justicia.

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