Dominga, una nueva paradoja

Analizar el caso de Dominga bajo la visión reduccionista de ser un caso en particular, es no comprender que el tema de fondo hace mención al origen, falencias y virtudes de nuestro sistema de evaluación de impactos ambientales de proyectos en el territorio.

En su origen, nuestro sistema de evaluación se justificaba ante la carencia de un espacio donde la evidencia primara por sobre la decisión subjetiva o política de quienes administraban de una u otra forma el territorio. Bajo el argumento que las evaluaciones de los impactos deben evaluarse en su mérito, el sistema nació y se diseñó; lo requería la OCDE para considerarnos y en menos de 24 horas se acordó su aprobación.

Sin embargo, este quedó supeditado a lo que aún no se reconoce, o no se quiere reconocer, que es la dependencia de dos factores que continuan existiendo, lo político y lo judicial.

Para quienes conocemos otros sistemas de evaluación o sistemas donde se evalúa el grado de impacto que un proyecto tanto público o privado puede ejercer sobre el territorio; la evidencia empírica o basada en ciencia y evaluada por medio de revisores expertos es casi siempre condición suficiente para aceptar o no su ejecución. Evidencia suficiente existe acerca de procesos productivos y sus externalidades para que esta sea la base para decidir el aceptar o no un proyecto, algo similar al proceso de evaluación de normativas que regulan emisiones o descargas y su potencial riesgo en salud humana o de ecosistemas.

Sin embargo, nuestro sistema desde un inicio incluyó una variable que nunca se ha querido reconocer y que no responde a la evidencia empírica u objetivable, sino más bien política; la toma decisiones en el comité de ministros. Al respecto, Dominga no es más que el caso de turno que justifica la regla.

Dominga pasa a primera plana no por lo controversial del proyecto en lo objetivo o de sus impactos; sino por como presenciamos en el como este fuera aprobado localmente y rechazado centralizadamente, cuando la evidencia era básicamente la misma. La paradoja es que este caso no es ni será el primero donde se releva el poder de la toma de decisiones a nivel político por sobre la evidencia.

El comité de Ministros, personas de confianza de los Presidentes de turno, pueden por tanto fallar de forma muy distinta frente a la misma evidencia en distintas administraciones. 

Complementariamente, el diseño del nuevo sistema se justificó para evitar la judicialización de casos, algo que en este caso y con el proceso de conciliación - independiente de su resultado - puede continuar hasta la misma Corte Suprema; lo mismo que se quería evitar. Si se suman a estas componentes lo mediático del como fue el comité de Ministros y que causó incluso la salida de dos de sus integrantes en la administración pasada; podemos decir que lo político relevó a lo objetivo, la evidencia, los estudios y opiniones de especialistas, siendo hoy ésta la fuerza conductora del proceso.

En este escenario, es lógico pensar que la actual administración no desee participar, y no porque quiera dejar en tribunales el peso de la decisión, sino porque sabe del costo que en cualquier resultado el Presidente puede sufrir.

Lo importante de Dominga no es Dominga, sino la paradoja de lo que siempre se quizo evitar con este sistema en el cómo se diseñó: que lo político no estuviera por sobre lo empírico. Si deseamos proveer certezas para la ejecución de proyectos sobre los territorios, la decisión de su aprobación debe basarse una y exclusivamente sobre la fortaleza de la evidencia de los impactos a causar y no sobre las incertezas de un proceso político o el resultado de dos grupos litigantes a nivel de tribunales, en donde la destreza de los argumentos va sobre la evidencia.

Quizá la gran reforma que el sistema requiere se base en más ciencia y evidencia que de regulaciones no conducente a nada.

Por lo tanto Dominga es y será uno de los próximos casos que como paradoja nos retraerán a la misma discusión... una vez más.