Dudas en torno a las "inmobiliarias populares"

El alcalde de Recoleta, con su iniciativa denominada "Inmobiliaria Popular", no ha inventado un nuevo uso para los recursos de su municipalidad, sino que solo ha dado publicidad a una nueva política de vivienda, financiada con recursos fiscales, que requiere más análisis.

Esta política quedó, como otras iniciativas del gobierno de la Nueva Mayoría, establecida en una glosa de la ley de Presupuestos 2017, en lo relativo a Vivienda, que establece que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo podrá otorgar subsidios de los programas habitacionales vigentes, ya no a personas naturales sino a personas jurídicas públicas o privadas -incluidas las municipalidades- para que construyan viviendas para luego destinarlas al arriendo. La glosa en la Ley de Presupuestos 2017 se conecta con el DS 52 (de Vivienda y Urbanismo) de 2013 -creado durante el gobierno de Sebastián Piñera- estableciendo que las viviendas construidas serán destinadas al arrendamiento a familias que cumplan los requisitos del programa de subsidios para arriendos que estableció el DS de 2013.

Esto parece altamente cuestionable. Lo primero es que supone un importante regalo de recursos públicos a las municipalidades u ONG favorecidas con los subsidios para construir viviendas. Quienes construyan por este mecanismo quedarán obligados a ofrecer en arriendo lo construido, pero con completo derecho a retener para sí los recursos que cancelen los arrendatarios, que a su vez provendrán de los fondos públicos para subsidiar arriendos que define el DS 2013. Más aún, la obligación de ofrecer en arriendo lo construido está acotada en el tiempo; luego, los inmuebles podrían ser destinados a otros usos. Tras cada peso fiscal gastado en subsidiar un arriendo a una familia necesitada, habrá, entonces, en virtud de esta nueva política, un peso traspasado a una municipalidad o una ONG que construyó con recursos donados por el fisco.

Pero hay otros aspectos de esta política que también llaman a preocupación. El DS 52 de Vivienda y Urbanismo fue creado en 2013, como una forma ágil de apoyar con subsidio al arriendo a familias en necesidad de vivienda. La idea fue que el nuevo mecanismo de subsidios pondría viviendas privadas, dispersas, a disposición de familias necesitadas y, en plazos mayores, estimularía la construcción de viviendas para arriendo donde la demanda indica que hay necesidad. La reorientación de los subsidios para arriendos, para ser aplicados en las viviendas construidas por municipalidades u ONG según la nueva política, atenta contra la expectativa generada por el DS 2013 de contrarrestar la tendencia a concentrar soluciones habitacionales en proyectos mayores, distanciados de los lugares donde sus moradores ejercen sus actividades laborales.

La ministra de Vivienda indicó que hay cuatro proyectos aprobados, siendo el de Recoleta el más avanzado. También, que se recibirán nuevas postulaciones de proyectos, sobre los cuales se resolverá antes de fines de febrero y marzo, y que, incluso, el Serviu comprometerá terrenos a los proyectos ganadores si deciden dedicarlos a arriendos por 30 años. Parece importante que las autoridades de Vivienda informen detalladamente sobre los criterios de adjudicación y qué entidades públicas y privadas han accedido o accederán a recursos fiscales por esta política de vivienda.