Fallo contra Lula Da Silva en Brasil

Como si se tratara de una larga teleserie, una industria en la que irónicamente Brasil tiene una amplia experiencia, el proceso judicial contra el ex presidente de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva vivió el miércoles pasado, probablemente, su capítulo más relevante. El Supremo Tribunal Federal (STF) tras una sesión que se extendió por cerca de 11 horas rechazó por 6 votos contra 5 el recurso de habeas corpus preventivo presentado por la defensa del exmandatario para evitar o a lo menos dilatar, su condena de cárcel decretada en segunda instancia por el Supremo Tribunal Regional de Porto Alegre. Una resolución, esta última, que no sólo ratificó la sentencia del juez Sergio Moro a 9 años y seis meses de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero sino que incluso la elevó a 12 años, asegurando que "hay pruebas por encima del umbral de la duda razonable de que el expresidente fue uno de los principales articuladores, sino el principal, del esquema de Petrobras". Con ello el exmandatario y actual candidato para las elecciones de octubre próximo perdió su apuesta más importante, y comprometió seriamente sus opciones de volver a la presidencia de su país.

Sus abogados argumentaban que antes de ser enviado a prisión, Lula debía agotar todos los recursos disponibles en el sistema judicial brasileño. Pero la mayoría de los jueces del STF -el máximo tribunal brasileño responsable del velar por el respeto de las prerrogativas constitucionales- validó la jurisprudencia existente y ratificó que luego de un fallo de segunda instancia cualquier condenado debe comenzar a cumplir su pena, al margen de que pueda seguir apelando. En ese sentido, más allá del llamado "embargo del embargo aclaratorio" que presentaría el ex mandatario ante el Tribunal de Porto Alegre dentro de los próximos 12 días, pidiendo a la corte aclarar algunos puntos del fallo -y cuyo único objetivo es dilatar el inicio de la pena-, la defensa de Lula aún puede recurrir al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para anular el juicio por razones de forma o de nuevo ante el STF argumentando la violación de derechos constitucionales. Recursos que podrían extender el proceso, según algunos, pero que mientras no se resuelvan no impiden que el exmandatario vaya a prisión -ayer justamente se dio la orden para que ésta comience a cumplirse.

Pero al margen de los entramados judiciales resulta preocupante que exmandatario, pese a su condena, no sólo persista en su candidatura presidencial -pese a que él mismo impulsó en su gobierno la llamada ley de Ficha Limpia, que impide ser candidato a cualquier persona que haya sido condenada en segunda instancia- sino que además intente desconocer la validez del proceso judicial en su contra, denunciando una supuesta persecución política, que lo único que esconde es un intento por eludir la justicia. "Crear un proceso jurídico para evitar que alguien sea candidato es poco democrático", señaló, por ejemplo, en una entrevista, negando no solo las evidencias en su contra en el caso por el cual fue condenado sino que obviando, además, que enfrenta otros procesos en su contra. Ese camino no solo carece de fundamento, si se considera que no una sino tres instancias judiciales fallaron en su contra, sino que alimenta un creciente clima de división social en Brasil que en nada contribuye a que ese país recupere la confianza en un sistema político severamente cuestionado por el clientelismo y los escándalos de corrupción.