Juan Enrique Vargas

Juan Enrique Vargas

Profesor Universidad Diego Portales

Opinión

Financiamiento de la gratuidad


Para que un proyecto de ley pueda ser aprobado por el Parlamento debe incluir un informe financiero sobre su impacto económico y sus fuentes de financiamiento, el cual debe ser aprobado por las comisiones de Hacienda de ambas Cámaras. La justificación es evidente: se trata de evitar iniciativas populistas que ofrezcan beneficios que sería imposible o irresponsable financiar dadas las posibilidades de la hacienda pública.

Pues bien, la recientemente aprobada reforma a la educación superior contiene en su artículo trigésimo cuarto transitorio disposiciones para la ampliación en el futuro del universo de estudiantes de educación superior que podrán beneficiarse con la gratuidad de sus estudios. Naturalmente, tal gratuidad no implica que tales estudios no tengan costos, sino que ellos serán cubiertos con fondos estales. La disposición en cuestión señala que la gratuidad abarcará hasta el séptimo decil cuando los ingresos estructurales fiscales representen al menos el 23,5% del PIB tendencial del país. Luego se ampliaría hasta el octavo decil, cuando lleguen al 24,5%; hasta el noveno cuando lleguen al 26,5% y, finalmente, la cobertura sería total cuando alcancen el 29,5%.

A primera vista todo está muy bien, se cumplieron con las formas, ya que se cuenta con un informe financiero aprobado por las comisiones de Hacienda (aunque en el Senado por un solo voto) y, en lo sustantivo, se garantizaría que la gratuidad se expanda solo cuando el país esté en condiciones de financiarla. Pero si analizamos con detención lo sucedido debemos llegar a la conclusión contraria: el proyecto no posee una fuente de financiamiento segura y responsable y quienes debían controlarlo fallaron en su cometido. Hay varias razones para ello.

Por una parte, si se acepta esta sui generis forma de legislar, nada impediría que en el futuro otras leyes incluyan gatilladores similares, gastándonos así varias veces los mismos hipotéticos ingresos futuros. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nuevas leyes previsionales o de salud establecieran también beneficios incrementales con cargo a eventuales aumentos de los ingresos fiscales? ¿Para cuáles de esos beneficios deberían ir los ingresos adicionales?

Por otra parte, al no saberse cuándo los ingresos estructurales fiscales podrán llegar a los umbrales descritos, tampoco puede estimarse cuál va a ser a esa fecha el universo de estudiantes que podrían entrar a la gratuidad, lo que hace imposible calcular si los recursos públicos alcanzarán. Naturalmente, no sería lo mismo dar gratuidad total el año 2020 que el 2050, en un país con volúmenes de población muy distintos. Y eso sin contar que si hubiese una recesión -y el PIB del país bajara- bien podría darse que se cumpliera con los gatilladores y la plata no fuera suficiente.

Este proyecto pareciera ignorar lo que en economía se denomina costo de oportunidad, es decir, que los recursos siempre tienen más de un uso alternativo. En una democracia esta disyuntiva se zanja a través de la intervención de nuestros representantes, quienes son los encargados de decidir con cifras reales en qué se van a gastar nuestros impuestos, lo que en este caso no sucedió.

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