Opinión

Fracaso de acuerdos políticos en Venezuela


Los acuerdos de paz entre el gobierno venezolano y la oposición de ese país no lograron llegar ayer a un acuerdo -en el marco del proceso de diálogo que ambas partes sostienen en Santo Domingo, República Dominicana-, quedando en estado de “suspensión indefinida”. Como era previsible, el gran responsable de este fracaso ha sido el propio gobierno de Nicolás Maduro, que en el afán de hacerse del control total del poder se resiste a asegurar reglas elementales de modo que la oposición tenga garantías de poder participar en condiciones justas en las elecciones presidenciales.

La Asamblea Nacional Constituyente, integrada solo por chavistas y que ilegalmente ha suplantado a la Asamblea Nacional -controlada por la oposición-, convocó anticipadamente a los comicios, estableciendo que deberían realizarse antes de que termine el mes de abril. Es a todas luces imposible que en tan poco tiempo la oposición pueda organizarse razonablemente para enfrentar todo el aparataje del chavismo, que ha capturado todas las instituciones del Estado. Incluso por sentencia judicial se ha impedido de participar en las elecciones a las principales figuras opositoras, con lo que ese solo hecho ya resta toda legitimidad democrática a este proceso.

Los dirigentes opositores han hecho ver en las conversaciones de Santo Domingo que el régimen venezolano simula dar garantías de ecuanimidad y de acceso a los medios, pero en los hechos no está dispuesto a renunciar a prácticas como las cadenas nacionales obligatorias y otras totalmente contrarias a cualquier proceso democrático normal.

Tampoco ha consentido en prorrogar la fecha de las elecciones para junio, e incluso ya no se descarta que éstas se realicen durante marzo.

Todos estos antecedentes parecen inequívocos en cuanto a que el gobierno de Maduro no tiene voluntad alguna de llegar a un genuino acuerdo con la oposición, y que en realidad está usando este proceso de diálogo simplemente para ganar tiempo y de esa forma orquestar la toma del poder total, mediante elecciones simuladas. Bajo estas circunstancias, es acertado que el gobierno chileno no haya participado de la última ronda en Santo Domingo -justificándose en los “obstáculos surgidos para el logro de un acuerdo serio y creíble entre las partes, que posibilite la realización de elecciones presidenciales libres y democráticas”-, y que haya manifestado que suspenderá indefinidamente su rol de garante si a la brevedad no hay señales concretas de que tal objetivo será posible. Es muy ilustrativo que el propio canciller chileno haya denunciado ayer presiones del régimen hacia la oposición a fin de que se allane a firmar un acuerdo que claramente no la favorece.

El naufragio de los acuerdos políticos se da en medio de una crisis humanitaria -con escasez de elementos de primera necesidad, medicinas e incluso de alimentos-, el desplome del crecimiento y con una hiperinflación que conforme estimaciones no oficiales habría llegado al 4.000% en 2017. Bajo ese contexto, y tal como ha advertido el propio secretario general de la OEA, la prolongación de Maduro en el poder sería un grave daño para Venezuela. Sin una acción decidida de la comunidad internacional, que le reste toda legitimidad a las actuaciones de dicho gobierno, el país se encamina hacia una debacle impredecible.

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