El fracaso de la vía policial

villalobos


Es probable sea el mayor fiasco judicial en la historia de la Reforma Procesal Penal, solo comparable al mediático Caso Bombas capitalino o a la llamada Operación Paciencia, aquella que en 2001 también intentó, fallidamente, poner a los dirigentes y militantes de la Coordinadora Arauco-Malleco tras las rejas.

Pero esta historia no se cierra con el sobreseimiento definitivo de los diez imputados que decretó la justicia el pasado viernes en Temuco. Sus coletazos son múltiples y revisten la mayor gravedad para Carabineros de Chile, institución que hoy maniobra peligrosamente en el ojo del huracán sureño.

Manipulación y fabricación de pruebas, obstrucción a la investigación, violación de la ley de inteligencia y hasta un conato de insubordinación frente a una orden de allanamiento judicial han sido las perlas con que la institución uniformada ha deleitado a la opinión pública nacional en las últimas semanas.

Los primeros son graves delitos que pesan sobre nueve funcionarios de inteligencia policial (sic), todos ellos bajo investigación penal junto a un supuesto "hacker" que nadie en la comunidad informática asegura conocer. Lo segundo, un actuar inaceptable en un sistema democrático donde las fuerzas policiales son no deliberantes y en teoría obedientes al poder civil.

Pero Chile es el paraíso de la no responsabilidad del mando, del célebre "paga Moya". Qué decir de la responsabilidad política, una excentricidad cultural propia de gobiernos del primer mundo y no de nuestra fértil comarca. Solo así se explica que tanto el subsecretario Mahmud Aleuy como los generales Bruno Villalobos y Gonzalo Blu se mantengan hasta hoy en sus cargos.

Pero la Operación Huracán no es solo un fiasco judicial de proporciones. También representa el definitivo fracaso de la vía policial para contener el conflicto en Wallmapu. O lo que es lo mismo, el fracaso de la absurda pretensión de que querer sofocar vía persecución penal un conflicto político, cultural y con ribetes étnicos que hunde sus raíces en la historia. Y que ha acompañado a Chile en toda su vida republicana.

Desde fines de los noventa, cuando hace su aparición la violencia política mapuche en una cuesta de Lumaco, todos los gobiernos han calcado esta vía policial sin calibrar sus consecuencias. Hoy estas saltan a la vista: graves irregularidades en las investigaciones, conflictos entre instituciones del Estado, descrédito público de autoridades, pérdida de confianza ciudadana y un conflicto que lejos de amainar, empeora.

Cuando los españoles advirtieron que la vía militar era inconducente con los bravos guerreros mapuche, la Corona optó por la diplomacia, por la vía política. Aquello fueron los Parlamentos. Estos regularon por tres siglos una convivencia mayormente pacífica entre ambos pueblos. Que tome nota el presidente electo Sebastián Piñera. Si pretende lograr resultados diferentes no puede en Wallmapu seguir haciendo lo mismo.

No serán las anunciadas reformas a las leyes de inteligencia y antiterrorismo, el incremento (una vez más) de la dotación policial o la figura de los "agentes encubiertos" lo que resolverá el conflicto. Mucho menos la intervención de las fuerzas armadas, petición recurrente en algunos nostálgicos de su sector. La hoja de ruta con los mapuche debe ser política. Entenderlo costó a España la cabeza de dos gobernadores del Reino. A leer historia se ha dicho.

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