La Tercera

Francisco contra la pederastia: una cuestión global

El Papa Francisco en su pasada visita a Chile.

El Vaticano anunció el pasado martes que enviará a Chile al arzobispo Charles J. Scicluna para escuchar a quienes “poseen elementos” sobre el caso del obispo Juan Barros, acusado de encubrir, supuestamente, los abusos de Fernando Karadima. La decisión contrasta con las famosas declaraciones de Francisco en Iquique, donde afirmó que no había pruebas contra Barros y tildó las acusaciones de “calumnias”. Para entender plenamente este cambio de parecer debemos tener en cuenta su dimensión global, así como su relación con las iniciativas propias del papado de Francisco.

El día después de la declaración de Iquique, Kevin Cullen, columnista del Boston Globe, afirmó que “la promesa del Papa Francisco murió en Santiago” y le acusó de ser un “company man”, un hombre al servicio de “la empresa”. El mensaje es fuerte, sobre todo teniendo en cuenta el medio: un equipo de periodistas de ese diario denunciaron en 2003 los abusos perpetrados por varios sacerdotes de Boston, episodio conocido mundialmente gracias al film Spotlight, ganador del Oscar en 2015.

Al día siguiente el cardenal Sean O’Malley, arzobispo de Boston, aseguró comprender el dolor que las palabras de Bergoglio causaron a las víctimas de abusos. El mensaje de que “sin pruebas nadie lo va a creer” –prosiguió— supone “abandonar” a las víctimas de violaciones y relegarlas a un “exilio en el descrédito”. Dos días después de esta afirmación, el Pontífice pedía disculpas por utilizar la palabra “pruebas”, si bien insistió en que “no puedo condenarlo si no hay evidencias”.

O’Malley forma parte de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, un grupo de expertos creado a instancias de Francisco en 2014 para luchar contra la pederastia en la Iglesia. Por iniciativa suya el Papa emitió, el 4 de junio de 2016, una carta apostólica en forma de motu proprio en la que recordaba que los obispos diocesanos pueden ser removidos de sus oficios por “razones graves”, entre las cuales se incluye la “negligencia” en la vigilancia de casos de abusos sexuales a menores. ¿Podríamos considerar a Barros negligente? ¿Sería motivo suficiente para cesarlo, más allá de consideraciones morales? Es cierto que, como obispo, Barros no tuvo a Karadima a su cargo. Aun así, su colaboración fue estrecha, hasta el punto de que, en su homilía de despedida de la congregación de Iquique en 2004, Barros tuvo palabras para él, cuyos apoyos “han redundado en mi bien personal y de esta querida diócesis”.

Tal vez la Comisión habría encontrado un interesante caso de estudio en Chile. Sin embargo, el nombramiento de sus miembros expiró el pasado año sin que, por ahora, el Papa les haya dado continuidad. El semanario National Catholic Reporter lamentó, en su momento, el “decepcionante mensaje” que este hecho transmite, por no hablar de las renuncias de dos de sus miembros, Peter Saunders y Marie Collins, víctimas de abusos, por las trabas que su labor encontró en la curia romana.

El caso Barros queda a cargo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, órgano que, en su función de tribunal, ejerce como primera instancia en los casos de delitos más graves contra la moral y en la celebración de los sacramentos. El cometido de Scicluna, en este sentido, es el de escuchar a quienes proporcionarán nuevos “elementos”. Queda por ver si constituirán evidencia suficiente para el inicio de una causa, tal como sucedió con los casos de Marcial Maciel o el mismo Karadima.

En 2017 Francisco afirmó ante la Comisión que había fundado que aplicaría el principio de “tolerancia cero” contra el abuso sexual de menores. Tras su desactivación, la situación actual plantea un desafío que requiere acciones globales y compromisos a largo plazo. Su resolución puede dejar una impronta indeleble en la historia de su pontificado.