Gratuidad para los CFT e IP

Pese a que el comienzo del gobierno estuvo marcado por el énfasis en poner a los niños "primero en la fila", convocando a un gran acuerdo nacional por la infancia, ayer se presentó un proyecto de ley que avanza en la gratuidad de la educación superior para los centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP).

Avanzar gratuidad para personas relativamente acomodadas desfocaliza el gasto público, impidiendo poner recursos en otros sectores de la educación donde ellos son más valiosos, en otras áreas que son prioritarias de la gestión del gobierno como salud o, en última instancia, en áreas donde el rol del Estado tiene más sentido dentro de la educación superior, como financiamiento de bienes públicos.

Efectivamente, en los CFT y en los IP se concentra una mayor cantidad de alumnos vulnerables. No obstante, según la encuesta Casen 2015, un 21% de los jóvenes del quinto quintil asiste a CFT e IP. Los $20 mil millones que costaría ampliar la gratuidad el próximo año para las familias del séptimo decil -que tienen ingresos entre $770 mil y $1 millón- serían mucho mejor gastados en ampliar cupos de sala cuna o en evitar la deserción de jóvenes vulnerables en la educación media.

El ministro Varela ha explicado que gran parte de los recursos destinados a la educación superior van a las universidades y que este proyecto es una forma de equilibrar en favor de la educación superior técnica. Lo anterior es parcialmente cierto. La gratuidad, por ejemplo, partió por la educación universitaria. Lo mismo sucedió cuando se creó la política de becas. Sin embargo, es evidente que la formación universitaria -ya sea por la extensión y la complejidad de las carreras que ahí se imparten y por su labor de investigación- concentrará más recursos. Lo importante es que la prioridad del Estado vaya en apoyo de quienes más lo necesitan, independiente dónde decidan estudiar y dónde sabe que su intervención puede hacer una diferencia.

Ninguna de estas condiciones se plasma en este proyecto. Más bien parece tratarse del cumplimiento de un compromiso de campaña y de copar una agenda que, en materia de educación, ha costado desplegar, a días de la primera manifestación estudiantil del año. Así quedan dudas respecto a la señal política que se transmite cuando se había insistido constantemente que el foco estará en la educación inicial y hace escasas semanas se había propuesto ingresar un nuevo sistema de créditos que permitirá que ningún estudiante deba pagar mientras estudia y que todos devuelvan dicho aporte en función de sus ingresos.

El gobierno anterior fue exitoso en correr ciertos cercos: poner la gratuidad de la educación superior como un fin en sí mismo y en asimilar al lucro con abusos e irregularidades. Dicho legado será una carga pesada de llevar por la actual administración. Reconociendo lo anterior, no aparece como una buena señal que el Presidente Piñera haya decidido que uno de sus primeros proyectos de ley sea avanzar en gratuidad para familias con ingresos de hasta $2,5 millones (considerando 4 integrantes) en lugar de proponer políticas más sofisticadas de financiamiento estudiantil y de dar prioridad a los niveles educativos iniciales que, en la práctica, ha sido relegada a un segundo plano.