Opinión

Grave hacinamiento carcelario


Un informe de Gendarmería solicitado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, luego de que sus integrantes visitaran el penal de Colina, reveló que en el 50% de las unidades penales del país se excede la capacidad máxima de internos que pueden sostener, lo que además del hacinamiento genera problemas en el acceso a servicios mínimos y consecuentemente en materia de salubridad. De acuerdo con el mismo informe, en algunos casos la sobrepoblación excede el 200%.

Además de lo anterior, también se detectó que en penales de diez regiones hay graves dificultades en los tendidos eléctricos, además de situaciones de insalubridad, como falta de manejo de los residuos hospitalarios. Este conjunto de antecedentes constituye un nuevo llamado de atención sobre la precaria realidad carcelaria del país -que se suma a los que ya han hecho instancias como la Corte Suprema-, alejando cualquier posibilidad de que las cárceles cumplan un rol rehabilitador y de reinserción social.
Si bien se anunció que se establecerá una mesa de trabajo, es indispensable que se haga un seguimiento del plan de acción que en este caso ha anunciado Gendarmería, tanto en reinserción como en seguridad de los internos. El riesgo de quedar nuevamente solo en los diagnósticos es real, atendido el largo tiempo en que estos problemas llevan sin solución. Sería razonable que, entre otras medidas, se reevalúe la decisión de paralizar las cárceles concesionadas, adoptada bajo el gobierno anterior, debido a la necesidad de contar con más y mejor infraestructura penitenciaria.

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