Herramientas para el control del orden público

Que una sociedad democrática busque a través de la vía legislativa protegerse de acciones que atentan severamente contra el orden público, que ponen en entredicho la vigencia del estado de derecho, es una cuestión del más elemental sentido común. Es también un deber que incumplido por las autoridades con razón pudiera convertirse en una fundada demanda por inacción, por ausencia de un servicio al que se está obligado jurídicamente.

En estos días se discute en el Congreso una iniciativa de origen parlamentario -recogida por el Ejecutivo- que busca poner al día normas contenidas en el Código Penal. Se le denomina "proyecto antisaqueos y antibarricadas" , y busca modificar el párrafo que el código de 1874 destina a los "desórdenes públicos", agregando un nuevo artículo que fija las hipótesis que constituyen desorden público, estableciendo penas más severas para el ejecutor y agravación para cuando concurra organización y habitualidad de los ejecutores del ilícito.

Más allá de la legítima discusión que se dé sobre elementos del tipo, límites de la conducta, penalidad en abstracto, recorrido de la pena que pueda hacer el juez en el caso particular -la Cámara de Diputados ya despachó el proyecto al Senado-, lo cierto es que debe legislarse con urgencia, pues la sociedad percibe -no sin razón- que saquear, violentar bienes y derechos de terceros con motivo de desórdenes con frecuencia queda en la impunidad. La manifestación pacífica, la protesta no violenta es legítima y por tanto no debe ser materia de punición ni reprensión; es más, debe ser protegida de quienes la ocupan para delinquir. Ayuda a lo anterior que el legislador fije con claridad los límites, para que el juez pueda aplicar con certeza la ley.

Algunas voces interesadamente han presentado estas normas como una "represión de la protesta pacífica", pretendiendo que expresiones violentas tengan igual legitimidad que aquellas que no lo son. Durante la actual crisis ha quedado de manifiesto que grupos violentos han utilizado barricadas para asaltar automovilistas, cobrar peajes o incluso ejercer coacciones como el que "baila pasa", por lo que difícilmente podría sostenerse que a estas alturas aquellas forman parte de las herramientas legítimas de protesta. En lo que toca a los saqueos -que han alcanzado últimamente dimensiones insospechadas- la actual legislación no recoge bien este delito en específico, por lo que urge sancionarlo como tal.

El Congreso tiene ahora la misión de dar con una legislación moderna y efectiva. Los inexplicables giros que han dado dos diputados del Frente Amplio -que inicialmente aprobaron en general esta normativa, para luego retractarse- son señales que revelan las dificultades que aún persisten en algunos sectores para condenar tajantemente la violencia, lo que resulta muy equívoco para la sociedad. El Senado debe procurar que las diferencias que han surgido en torno al proyecto no terminen por debilitar el objetivo que se persigue con esta legislación.