Lucía Dammert

Lucía Dammert

Académica Universidad de Santiago

Opinión

Huracán policial

Bruno Villalobos. Foto: Agenciauno

En la última década la mayoría de países miraban con expectación el “modelo policial chileno” que lograba fortalecer de forma profesional, no corrupta y efectiva la vinculación con la población. En este contexto los gobiernos fortalecieron inversión presupuestaria, aumentaron dotaciones, multiplicaron espacios de participación, apoyaron reclamos, entregaron mayor discrecionalidad para la realización de sus tareas; todo sin aumentar espacios de control, transparencia y gobierno efectivo. El trabajo parlamentario, salvo contadas excepciones, se desarrolló como una tabla de apoyo más que de control institucional. La mayoría de los medios de comunicación ponían en escena primicias entregadas por las policías, reconocían sus vocerías y muchas veces evitaban preguntas incomodas sobre la efectividad de su labor. Todos elementos claves para entender el Huracán.

El traspaso ilegal de más de 25 mil millones es un proceso abierto que evidencia una práctica institucional basada en la consolidación de feudos de poder internos, mínima injerencia gubernamental y altos espacios de discrecionalidad. La crisis de la operación de inteligencia llamada “Huracán” es de una gravedad enorme. ¿Quién vigila a los que nos vigilan? Al parecer nadie.

Después del huracán a las víctimas les queda impunidad y sensación de desprotección; y para el resto se ha desnudado una estrategia de construcción de enemigo interno que puede costarle caro a la gobernabilidad del país. ¿El problema es la administración y la inteligencia policial? No, el huracán debería permitir una agenda de transformación más ambiciosa donde resaltan dos elementos adicionales:

La desigualdad está en el centro de la labor policial de patrullaje. La encuesta comunal 2016 así lo demuestra. Primero, 26% evalúa el trabajo de Carabineros como malo y muy malo en San Joaquín y San Bernardo mientras que en Las Condes y Vitacura ronda el 7%. Segundo, 18% y 36% en San Joaquín y San Bernardo sienten que la presencia policial ha disminuido en el último año. En esta última comuna 34% dice que ve patrullaje policial cerca de su casa una vez al mes. Nadie sabe la distribución policial, a los alcaldes solo les queda pedir retenes o comisarias con la esperanza que eso genere más personal. Así, la policía es peor evaluada por los que más la necesitan.

La investigación criminal tiene resultados pobres. La PID debería estar dedicada a la investigación, pero en el 2016 Carabineros recibió más de 50 mil órdenes de investigar y desarrollo más de 29 mil informes periciales. Las posibilidades de duplicación a todo nivel son enormes. La realidad es que los delitos donde no hay detenido en flagrancia, no se resuelven. Veamos un caso: robos violentos (enero- sept 2017) el anuario de la fiscalía registra más 81 mil ingresos, de los cuales 11% fue con imputado conocido. De ese universo, en ningún caso (ni uno solo) se terminó con sentencia condenatoria y más de 73 mil fueron archivados. ¿Ninguna investigación llevó a condena? ¿Ninguna?

El próximo gobierno encontrará al país remecido por un nuevo desastre, esta vez un huracán con responsabilidades aún no claras pero que ha dejado una estela de crisis de confianza y legitimidad. Abordarlo deberá ser su prioridad principal.

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