Opinión

Ilegítimas elecciones presidenciales en Venezuela


El régimen venezolano que encabeza Nicolás Maduro celebró efusivamente el “triunfo” que obtuvo en las elecciones presidenciales que se celebraron en la noche del domingo, las cuales carecían de toda legitimidad pues no ofrecían siquiera las mínimas garantías de ecuanimidad a la oposición -cuyos principales líderes están encarcelados o han debido huir del país, lo que justificó que se restara de participar en estos comicios- ni de transparencia electoral. No fue sorpresa entonces que Maduro -de acuerdo con el órgano electoral oficial- resultara electo con aproximadamente el 68% de los votos, con más de seis millones de sufragios. La oscuridad que rodea este proceso electoral salta inmediatamente a la vista cuando hay fuertes discrepancias respecto de las cifras de participación, pues mientras la oposición señala que apenas alcanzó al 33%, el Consejo Nacional Electoral la sitúa en 46%.
Al margen de que no es descartable que el régimen haya incurrido en un fraude electoral -por de pronto, los dos candidatos que desafiaron a Maduro denunciaron graves irregularidades y desconocieron los resultados-, estas elecciones son espurias y así lo ha reafirmado la comunidad internacional, cuya enérgica reacción ha dejado al régimen aislado y sin ninguna legitimidad. Esta circunstancia, aunque por sí sola es insuficiente para garantizar que el gobierno dictatorial de Maduro no continúe enquistándose y Venezuela recupere su democracia, es un paso que cabe valorar, pues convierte al régimen en un paria confinado a un puñado de aliados.
El Grupo de Lima, compuesto por 14 países de la región, entre ellos Chile, señaló que no reconocerá los resultados, pues las elecciones no cumplieron con los estándares internacionales de un proceso “democrático, libre, justo y transparente”. También acordaron reducir sus relaciones diplomáticas con el régimen, llamando a sus embajadores en Caracas. A nivel económico, los países firmantes aseguran que coordinarán acciones con organismos financieros internacionales para “no otorgar préstamos al Gobierno de Venezuela, por la naturaleza inconstitucional de adquirir deuda sin el aval de su Asamblea Nacional”, excepto cuando se trate de ayuda humanitaria. El gobierno de Estados Unidos, por su parte, ha calificado estas elecciones de “farsa” y prometió nuevas sanciones al régimen; y a su turno 23 expresidentes iberoamericanos -entre ellos, Ricardo Lagos y Eduardo Frei- también denunciaron una “farsa electoral” y reclamaron que Venezuela sea suspendida de la OEA, además de solicitar que “los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Nicolás Maduro” sean denunciados ante el Tribunal Penal Internacional.
Parece evidente que solo mediante sanciones efectivas y el aislamiento del régimen, Venezuela podrá recuperar la democracia. A partir de estas “elecciones” es muy relevante tomar una postura clara, que no llame a confusión. El gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha reiterado que no reconocerá los comicios y que en Venezuela no hay una democracia. Ese claro pronunciamiento, que ha sido compartido por buena parte de las fuerzas políticas del país, contrasta con el vergonzoso respaldo que el Partido Comunista de Chile y parte del Frente Amplio continúan brindando al régimen chavista.

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