Implementación de canal cultural en TVN

Difícil ha sido el desembarco del nuevo gobierno corporativo de TVN. El gobierno debió proponer una nueva terna de directores luego de que su primera opción naufragara, al no considerar la exigencia de paridad contenida en la ley recién estrenada para el canal público.

Pese a que la sala del Senado, en resolución unánime, consideró que los tres nombres propuestos por el Ejecutivo son idóneos para el cargo, parlamentarios de la ex Nueva Mayoría pusieron en duda la aprobación de estos nuevos directores. Sin ambages declararon que buscan condicionar su consentimiento a que el gobierno presente un protocolo en que comprometa no solo la ejecución del canal cultural, sino también los plazos para la utilización de los recursos que se inyectaron a la estación pública.

La situación de TVN refleja con claridad la crisis que vive la industria televisiva, ya que la mayoría de los canales de televisión registra cuantiosas pérdidas. El año 2017, salvo Mega que obtuvo utilidades por $5.400 millones, el resto de las emisoras de la TV abierta publicaron resultados negativos, liderados por Canal 13, con $ 26.400 millones, seguido por TVN, que perdió $8.980 millones; Chilevisión, con $ 8.100 millones y La Red, con pérdidas por $ 4.656 millones. Frente a este desafiante escenario los canales de televisión privado han realizado profundos ajustes que han incluido cambios en su plana ejecutiva, adecuación de su oferta programática a la nueva realidad y una agresiva reducción de sus costos.

No obstante, a diferencia del camino emprendido por el resto de la industria, el mundo político exige a TVN soslayar su situación financiera e implementar abruptamente el canal cultural. Nadie duda que la puesta en marcha de la llamada "señal dos" del canal nacional es un imperativo legal incuestionable. Sin embargo, retrasar la conformación del directorio de la señal estatal, que es justamente el llamado a resolver la crisis financiera e institucional en la que está inmersa TVN y a rentabilizar la reciente capitalización aprobada por el Parlamento, es una presión inadecuada cuyos intereses exceden la preocupación por el rol público que tiene TVN y parecen más sintonizados con defender la obra política del gobierno anterior.

La oposición está en todo su derecho de plantear su visión política respecto a materias que expresamente requieren una posición consensuada. Pero es cuestionable que se privilegien enfoques ideológicos en desmedro de un uso eficiente de los recursos públicos y se opte por el obstruccionismo para conseguir estos propósitos. El gobierno no ha puesto en duda el cumplimiento de la ley para la implementación del canal cultural, sino más bien ha planteado un esquema de prioridades razonables que busque darle sustentabilidad tanto a la estructura actual, como de la señal alternativa. Pensar que se puede ampliar la oferta programática, con costos y resultados de audiencia desconocidos, en medio de una severa crisis financiera e institucional es sacrificar anticipadamente la viabilidad del canal nacional, lo que puede traducirse en una victoria política de corto plazo, pero que pone en riesgo la responsabilidad fiscal y en el mediano plazo la existencia de TVN y, por lo tanto, del importante rol público que dicen defender los parlamentarios.