Incierto panorama fiscal

La Cámara y el Senado han aprobado la Ley de Presupuesto de la Nación para 2020, tras negociaciones complejas en comisión mixta. Respecto del proyecto original la ley contiene importantes gastos adicionales, especialmente en cuanto a adultos mayores, educación, salud y transporte, reflejo de la situación que vive el país. Un componente muy importante del mayor gasto considerado fue el reajuste de la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Solidario de 50%, inmediato para pensionados mayores de 80 años, y en una o dos etapas según la edad del resto de los pensionados favorecidos, que se aplicaría a partir de este mes.

El resultado es un presupuesto 2020 que considera un incremento real del gasto público de 4,5%, cuando todo indica que el crecimiento del PIB durante el próximo año será muy inferior al 3,3% estimado por Hacienda cuando presentó el proyecto. Las estimaciones originales para 2020, de déficit efectivo de 2% del PIB y de déficit cíclicamente ajustado de 1,4% del PIB, serán excedidas, y van a enfrentarse con endeudamiento, autorizado hasta 9.000 millones de dólares, y liquidación de activos del Fondo de Estabilización Económica y Social por otros 1.400 millones de dólares.

El presupuesto 2020 representa un quiebre con el panorama fiscal proyectado previamente. En su Informe de Finanzas Públicas presentado el 2 de octubre al Congreso, Hacienda proyectaba para el período 2020-24 un crecimiento del PIB de 3,6% anual, que permitía que el Balance Fiscal Cíclicamente Ajustado evolucionara desde un déficit de 1,4% del PIB en 2020 hasta un déficit de 0,6% del PIB en 2024. Es evidente que las actuales perspectivas de crecimiento de la economía reducen la recaudación tributaria respecto de esas proyecciones previas a la crisis social y que, de concretarse un escenario recesivo, será desaconsejable acometer alzas de impuestos. Por el lado del gasto, en cambio, se anticipan presiones para acomodar nuevas demandas, lo que ha abierto un escenario de mayor endeudamiento público.

Sería importante, en estas circunstancias, poder dar certezas de que el endeudamiento fiscal creciente es parte de un proceso acotado en montos y en el tiempo, tal de evitar que active un mayor deterioro en el desempeño de la economía. De hecho, si pudieran generarse esos compromisos creíbles para enfrentar la crisis con mayor endeudamiento limitado y reversible, el bajo nivel de deuda del país permitiría considerar presupuestos aún más expansivos en el corto plazo. La realidad, sin embargo, es un escenario de políticas muy abierto, donde están en discusión desde los criterios más convencionales para asegurar el buen desempeño de una economía -como tras la pugna por una nueva Constitución- hasta criterios fiscales esenciales como los que vulneran recientes iniciativas parlamentarias inconstitucionales, tal como acaba de suceder con la Cámara de Diputados, que incrementó el ingreso mínimo garantizado propuesto por el Ejecutivo sin tener facultades para ello. Nuestra grave deficiencia política actual, aun para garantizar aspectos tan básivoceseditorialcos como es la seguridad pública, parece no dar espacio para políticas fiscales expansivas sin poner en riesgo una inestabilidad financiera mayor.