Inexcusables vacíos en proceso del plebiscito

Aun cuando existe una declarada voluntad tanto del gobierno como de todas las fuerzas políticas de llevar a cabo el plebiscito constitucional en la fecha prevista, resulta cuestionable que faltando dos meses para el referéndum todavía exista un conjunto de materias que no han sido apropiadamente resueltas, y que son esenciales para asegurar que el proceso se lleve a cabo con normalidad. 

Probablemente, el caso más decidor tenga que ver con el financiamiento de las campañas en relación a las distintas opciones en juego, así como el gasto electoral autorizado para los partidos políticos. Resulta bochornoso que recién ayer el Congreso haya despachado la norma que regula la materia, a solo horas de que se inicie el período de propaganda electoral. Esta legislación aprobada sobre la marcha fue despachada en medio de la polémica, pues varios senadores desaprobaron que en la Cámara de Diputados se hubiese aumentado el monto que podrían recibir las organizaciones civiles a título de aportes individuales; sin embargo, ante la premura del tiempo no quedó más alternativa que allanarse a ello, impidiendo un mayor análisis. 

Es inexplicable que el gobierno, así como el Parlamento, no hayan legislado sobre este asunto mucho antes -también cabe lamentar la tardanza del Servicio Electoral para alertar sobre este problema- considerando que la fecha original del plebiscito era en abril, y ya en marzo este punto había sido levantado por algunas voces. Se le debe una mejor explicación a la ciudadanía de por qué no pareció preocupar -especialmente a los partidos políticos- que se esté dando inicio a una campaña electoral sin normas que la regulen, algo que en otra actividad no podría ocurrir.

Son varios también los desafíos que restan por resolver desde el punto de vista sanitario, a fin de dar tranquilidad a la ciudadanía. En tal sentido, debería desde ya establecerse que aquellas personas que a la fecha del plebiscito estén contagiadas con Covid-19 no podrán concurrir a votar, por el grave riesgo que ello representa tanto para los vocales de mesa como para el resto de los votantes. No parece razonable que, tratándose de un universo reducido de personas, tenga sin embargo el efecto de que muchos se puedan inhibir de concurrir a votar.

También llama la atención que restando solo semanas para el acto electoral todavía no se hayan definido ni los parámetros sanitarios que se tendrán a la vista para eventualmente aconsejar la postergación del plebiscito -en la medida que ocurra un rebrote a gran escala del virus- ni qué estamentos serán los llamados a tomar dicha decisión. Cabe tener presente que entre los propios expertos existen divergencias respecto de cómo calibrar el nivel de peligrosidad, por lo que no debería seguir dilatándose la resolución de ello. La ciudadanía debe tener plena claridad sobre estas reglas, porque de lo contrario se podría generar una profunda desconfianza respecto del proceso. 

Otro aspecto fundamental es asegurar que los vocales de mesa contarán con las medidas de resguardo necesarias para cuidar de su salud -tal que no se desincentive cumplir con este deber cívico- como asimismo procurar que los votantes que presentan mayor riesgo -en particular tercera edad- eventualmente cuenten con facilidades, como por ejemplo establecer horarios especiales.