Inmigración costosa

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Según la PDI, la cifra de inmigrantes haitianos llegados a Chile supero los 100.000 en 2017. AFP


Un reciente estudio indica que en los últimos años la cantidad de "campamentos" se ha incrementado sustantivamente. Específicamente, entre 2011 y 2017 el número de familias residentes en tales asentamientos irregulares se elevó en un 48%. Una involución preocupante de una realidad que pensábamos ya era parte de la historia.

Pero hay un dato específico más preocupante: casi un tercio de las familias que ingresaron a los campamentos el año pasado eran inmigrantes. A este antecedente deben sumarse recientes reportajes que dan cuenta de la situación de los que no están en esos campamentos: muchos viven hacinados, arrendando pequeñas piezas y con acceso a servicios higiénicos precarios. En suma, en torno a la inmigración masiva se está incubando un fenómeno de marginalidad y pobreza que puede terminar siendo socialmente desestabilizador.

Un gobierno serio no puede dejar que las cosas sucedan y eludir la realidad, que es lo que hizo el anterior, que además privilegió el discurso fácil de los "derechos", que no hizo más que alentar que siguieran llegando inmigrantes adicionales. La actual administración demostró en esto voluntad y celeridad para enfrentar el problema. Lejos de promover soluciones extremas, como propugnar deportaciones, planteó lo inverso: la regularización de los que ya están aquí y normar la llegada de futuros inmigrantes, apuntando a los dos países en que el proceso de migración se ha acelerado, pero que son casos distintos: Haití y Venezuela. Uno tiene un problema estructural de pobreza y fracaso institucional y el otro uno coyuntural, derivado de un gobierno dictatorial e inepto, que con algo de suerte pudiera superarse y, entonces, muchos exiliados volverán.

Según la ley, en Chile no se requiere visa para ingresar al territorio, salvo por reciprocidad (países que la exijan a chilenos) o que así se decrete, si lo aconseja el interés nacional. El Presidente, entonces, tiene facultades y en uso de ellas determinó que los haitianos deberán tener visa para ingresar como turistas y, por ende, justificar ante el consulado que lo son, y que los venezolanos podrán acceder a una visa de solidaridad democrática, que les permita residir temporalmente y trabajar en Chile. Pero tendrá que limitarse el número.

Diputados de oposición presentaron un requerimiento para declarar inconstitucional el decreto que regula el caso de Haití, acusando discriminación. Pero curiosamente se cuidan de cuestionar el trato especial a los venezolanos, lo que haría más evidente la supuesta discriminación hacia los haitianos. Además, dicen que no se justificó el interés nacional de la exigencia de visa a éstos, expresando apenas que su ingreso masivo como turistas para quedarse irregularmente "es una realidad insoslayable". Bueno, si no es así, lo mínimo sería que señalaran cómo y con qué recursos vamos a resolver el grave problema social que se está incubando.

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