Inmigración y delincuencia

Imagen Inmigrantes Haitianos llegan a chile (41206254)


El pasado jueves 12 de abril, el Defensor Nacional, Sr. Andrés Mahnke, dio a conocer el balance de su gestión correspondiente al año 2017. En dicha oportunidad, junto con destacar diversos aspectos propios de las labores de la Defensoría Penal Pública, hizo hincapié en una temática que cada día adquiere mayor connotación, y que dice relación con el impacto que la población extranjera tiene en nuestro país en los índices de delincuencia.

Tomando como base las cifras recientes aportadas por el Ministerio del Interior, en cuanto a que el número de inmigrantes en nuestro país asciende a 961.000 personas, el Defensor Nacional dio cuenta del número de casos ingresados al sistema de la Defensoría durante el año 2017. Así, el total de causas en este ítem ascendió a 322.406, del cual un 2,5% correspondió a imputados de nacionalidad extranjera (que equivale a un total de 8.001 personas).

De este universo de 8.001 imputados extranjeros, cerca del 82% se distribuye entre imputados de nacionalidad boliviana (29,7%), colombiana (28,3%) y peruana (23,6%), manteniéndose con ello la tendencia ya destacada en los Boletines de la Mesa Interinstitucional de Acceso a la Justicia de Migrantes y Extranjeros, de los años 2015 y 2016, y que viene también a desmitificar la estigmatización que se ha realizado respecto de determinados grupos de extranjeros en el último tiempo.

Resulta interesante constatar las regiones del país donde se ha concentrado la mayor proporción de ingresos a imputados extranjeros. Las cuatro principales regiones del país en esta materia, son: Región de Tarapacá con un 18% de los casos, seguida por la Región de Arica y Parinacota con un 11,8%, Región de Antofagasta con un 11,6% y la Región Metropolitana con un 4,6% de los casos ingresados.

Luego, si se cruza esta cifra con el tipo de delitos en los cuales se ven involucrados extranjeros en calidad de imputados, podemos apreciar que las principales familias de delitos  corresponden a la ley de drogas (24,7%), lesiones (20,1%) y los correspondientes a la ley de tránsito (9,8%).

Si se repara en esta distribución geográfica (norte del país) y categoría de delitos (básicamente delitos de tráfico de drogas y ley de tránsito), deja en evidencia un factor relevante en la comisión de los mismos –y que fuera destacado por el Segundo Boletín de la Mesa de Migrantes de 2016- y que es aquel que apunta al rol como imputados de personas extranjeras transeúntes, y que no tienen una voluntad de permanencia (migrante) en nuestro país.

Por ello, es que las cifras proporcionadas por el Sr. Defensor Nacional en su cuenta pública permiten aterrizar y racionalizar este debate, entregando datos duros en la relación extranjero/delito, y que apuntan a desmitificar una serie de argumentos carentes de correlato empírico que hoy día dominan el debate público. Si algo se puede colegir de estas cifras, es que derechamente no existe en nuestro país una incidencia determinante en los índices de delincuencia proveniente de ciudadanos extranjeros, que pueda utilizarse como fundamento en la adopción de políticas públicas en materia migratoria.

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