Insistencia en reforma previsional de la NM



Por segunda vez desde que asumió el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, la sala de la Cámara de Diputados ha puesto en tabla el proyecto de ley que crea el Consejo de Ahorro Colectivo (CAC). Esta iniciativa fue presentada por la administración anterior, en el contexto de la reforma previsional que propuso al país. El CAC estaba llamado a administrar el 5% de cotización adicional, incremento que, en forma separada, también se venía proponiendo por el gobierno anterior.

Así, la nueva institucionalidad estaba indefectiblemente enlazada con la aprobación del monto adicional a cotizar. Sin embargo, el incremento de la cotización del 5% fue rechazado durante el primer trámite de la iniciativa en el Congreso, lo que no fue obstáculo para que la administración pasada intentara aprobar el proyecto de ley que creaba el CAC, buscando que la votación ocurriera antes del cambio de mando, cuestión que no sucedió.

De aprobarse la iniciativa del gobierno anterior sobre el CAC, se daría el absurdo de que una de las Cámaras habría aprobado la creación de una entidad que ha de administrar fondos inexistentes, toda vez que éstos no fueron concordados por el Parlamento. Por lo demás, consabido es que el Ejecutivo prepara una reforma al sistema de pensiones que, a partir de lo que se desprende de su programa de gobierno, toma distancia de aquella presentada en el período anterior. De esta manera, continuar avanzando en el proyecto de ley que crea el Consejo de Ahorro Consultivo resulta a todas luces en un despropósito.

Es posible que, frente a este escenario, algunas voces se sientan tentadas a sostener que en tanto no ingrese la nueva propuesta a discusión en el Congreso Nacional, el Parlamento es soberano para poner en tabla, discutir y votar los proyectos que estime pertinentes. Otros, en defensa de este proceder, podrían sostener que el Congreso no puede sentarse a esperar hasta que el gobierno defina e ingrese su propuesta en materia de pensiones. Estos argumentos carecen de mayor sustentabilidad, no solo por las razones antes expuestas, sino también porque no cabe validar el que se utilice, como medida de presión al gobierno, la aprobación hasta el absurdo de un proyecto de ley que carece hoy de sentido, para que cierto sector de la oposición envíe una señal política al efecto. Es inadecuado que la Cámara de Diputados pudiera prestarse para ello.

La eficiencia y eficacia debieran ser principios ordenadores del trabajo legislativo que está llamado a hacer el Congreso Nacional. Asimismo, el buen uso de los recursos públicos y la seriedad que la ciudadanía demanda de la clase política, debieran constituir razones de peso para alejarse del voluntarismo, que solo redundará en desprestigiar la labor parlamentaria. Respecto a quienes pretenden justificar este actuar en una supuesta inacción del gobierno en la materia, resulta pertinente recordar la complejidad de la reforma en ciernes -al punto que la propuesta original de la Nueva Mayoría ni siquiera consiguió los votos suficientes entre sus propios parlamentarios-, la relevancia que supone para el país y el profundo impacto que ella tendrá en la vida de los ciudadanos, por lo que ponderar previa y adecuadamente la propuesta y sus efectos no solo resulta razonable, sino que responsable.

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