La migración: construcción del pánico moral

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Oficinas de Migraciones y Extranjería en el Centro de Santiago.


A inicios de los 70, la sociología desarrolló el concepto "pánico moral" para identificar aquellas reacciones de la población basadas en una percepción exagerada o directamente falsa del comportamiento de un grupo minoritario de la sociedad. La construcción de esta amenaza requiere de una población con altos niveles de inseguridad y temor, el aumento de la hostilidad o la violencia contra aquellos considerados distintos, una percepción mayoritaria que la amenaza es cierta y medios de comunicación que aporten en presentar y potenciar el esterotipo de la amenaza y sus posibles consecuencias. 

El concepto se convierte en clave para entender el debate sobre la necesaria reforma de la ley migratoria y las definiciones administrativas que avanzó el actual gobierno. No hay duda que la Ley es antigua, no responde a los desafíos del mundo globalizado e impide una gestión moderna y efectiva. También es evidente que los buenos resultados económicos, la solidez institucional y el estabilidad que caracterizan a Chile son atractivos para una población que busca mejorar su calidad de vida. Finalmente, en los últimos meses la preocupación política por el aumento de la migración colombiana, dominicana y haitiana (en ese orden) adjudico motivos de seguridad, laborales y de protección social. No faltan los que hablan de la perdida de signos identitarios o incluso el cambio de la conformación racial del país, pero esos comentarios mejor no tomarlos en serio.

El Presidente Piñera se encontró con la pelota en la linea de penal y aprovechó el momento. Los medios de comunicación, apoyaron con múltiples coberturas que ponen énfasis en la viculación migrante – crimen; migrante – enfermedad; migrante – costos sociales, solo por menionar algunos. En general notas llenas de estigmatización y limitada objetividad sobre el problema analizado.

El pánico moral está instalado. Pocos se restan de explicar que "ordenaremos la casa", que los migrantes "buenos" son bienvenidos pero que los delincuentes quedarán afuera. Muchos creen en la teoría conspirativa, diseñada por algún mal intencionado, que sugiere que la migración haitiana es un diseño comercial que trae dividendos económicos a ex funcionarios de gobierno. Las redes sociales magnifican las noticias ya estigmatizadoras y las potencian con hechos aislados, situaciones puntuales e incluso mentiras.

Más que economía, necesitamos sicología para lograr entender el profundo miedo que nos genera el otro, el que consideramos distinto e incluso peligroso por que tiene un color o un acento diferente. Pero eso también es alimento del pánico moral creciente.

En este marco, las medidas del gobierno generan algunas dudas, de las cuales me referiré a cuatro que considero centrales: Primero, si se elimina la solicitud de visas por motivos laborales en Chile, ¿qué pasará con aquellas personas que están en situación irregular? La expulsión dirán muchos, pero eso es financiera y administrativamente imposible. Pero ¿cuándo se ha visto que los pedidos de trabajo como asesoras del hogar o trabajadores de la construcción se oferten internacionalmente?  Generar empresas que negocien contratos de trabajo en los países de origen podría ser un resultado muy negativo.

Segundo, ¿Bajo que criterio se define que solo a la personas de Haití se les entregará una visa de turismo por 30 dias, siendo la regla 90? Si los datos son ciertos, la migración haitiana está lejos de ser la más grande o la más peligrosa, entonces no queda clara la decisión gubernamental. Solicitar visa está comprobado que no detiene la migración sino que la ilegaliza, aumentando la ganancia de organizaciones criminales vinculadas al tráfico de migrantes.

Tercero, la definición de una visa "democrática" para los venezolanos es una decisión política que apoyamos, pero no se puede negar que tiene ribetes más políticos que humanitarios. Si es por lo segundo Haití debería estar entre los países a los que se les entregue más ventajas migratorias en vez de los recortes propuestos.

Cuarto, el gobierno pone plazos que solo evidencian el desconocimiento de lo lento, ineficiente y complejo que es el proceso migratorio: se establecen 7 días para reclamar por vía judicial una expulsión y 30 días para regularizar situación migratoria. En la actualidad cualquier trámite dura semanas, la atención está colapsada y los sistemas de información son aún débiles.

Se torna urgente explicitar y comunicar el contenido de las definiciones, proponer mecanismos claros para evitar discrecionalidad de los procedimientos y mecanismos para evitar un masivo movimiento hacia la ilegalidad. De igual forma, el debate por el nuevo marco jurídico debe ser realizado con responsabilidad y mirada de largo aliento para disminuir el miedo al otro, y construir sociedad desde la diversidad.

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