La misma vara para condenar la violencia

Ha sido un difícil inicio de octubre, cuando el país ha presenciado por estos días hechos muy violentos, justo cuando está a punto de cumplirse un año de las revueltas que marcaron el inicio del llamado “estallido social”.

La relativa calma que se observó durante los largos meses de confinamiento está dando paso al regreso de las movilizaciones marcadas por el vandalismo, mientras que en La Araucanía -y en general en la macrozona del conflicto indígena- los atentados incendiarios han recrudecido, registrándose incluso personas fallecidas o heridas producto de disparos. En paralelo, se ha cernido un fuerte cuestionamiento a la acción de Carabineros en su tarea del controlar el orden público, registrándose un hecho que revistió especial gravedad, cuando un adolescente cayó de un puente por la acción atribuida a personal de Fuerzas Especiales.

Este era justamente el clima que tanto se quería evitar, cuando el país se aproxima a llevar a cabo un plebiscito constitucional que fue fruto de un amplio acuerdo político como forma de canalizar institucionalmente las demandas y el malestar social que afloraron a partir de octubre pasado. Dicho acuerdo implicaba también un potente compromiso para “el restablecimiento de la paz y del orden público” y “el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente”.

Sería un grave retroceso que después de las amargas lecciones que dejó la violencia surgida en aquellos días, otra vez se estuviera preparando el terreno para repetir hechos semejantes. Si algo ha quedado claro es que la sociedad no debe naturalizar ninguna forma de violencia, y donde quiera que ésta se produzca debe ser condenada sin ambigüedades. En esto no puede caber el doble estándar, pero es lo que lamentablemente parece estar sucediendo, cuando no se observa la misma disposición en algunos sectores políticos para denunciar los atropellos a la legalidad o la vulneración de las garantías fundamentales.

En una sociedad democrática, respetuosa de la ley y celosa en la defensa de los derechos humanos, es inconcebible que pueda haber víctimas de primera y segunda categoría; la vara con que deben medirse los hechos de violencia debe ser siempre la misma, no siendo aceptable que la indignación frente a los atropellos se amplifique o minimice dependiendo de las sensibilidades personales o las afinidades políticas.

A partir de los hechos que han ocurrido en los últimos días, se ha podido observar con nitidez este contraste, lo que envía una señal muy compleja a la sociedad. No resulta coherente desde el punto de vista de la correcta concepción de los derechos humanos que parlamentarios, el Ministerio Público y otras dependencias del Estado se movilicen con prontitud para conocer los casos de abusos policiales -una reacción así en todo caso no puede ser cuestionable, cuando hay informes nacionales e internacionales que dan cuenta de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el control del orden público-, pero en cambio no parecen mostrar igual energía para ir en ayuda de las víctimas de la violencia en La Araucanía. Ello resulta aún más preocupante cuando dos civiles han sido asesinados recientemente por disparos de armamento de grueso calibre, sin que hasta ahora existan pistas que permitan aclarar en qué circunstancias se produjeron estos lamentables hechos.

Ni el abuso policial, ni el amedrentamiento a la población, ni las violaciones a los derechos humanos pueden tener cabida en una sociedad democrática, y cualquier sector que pretenda relativizar estos hechos traicionará principios básicos. Con mayor razón las instituciones del Estado deben ser celosas en no dar la impresión de que actúan con sesgos o brindan tratos arbitrariamente diferenciados cuando se trata de violencia.

Estudios de opinión han revelado que sobre todo en población más joven parece haber una tolerancia mayor a la violencia como método de acción política, lo que es un llamado de alerta para la propia sociedad. Es muy relevante entonces que todos quienes tienen responsabilidades políticas, de Estado, o cuentan con voz en el espacio público, procuren enviar las señales correctas.