La responsabilidad del Estado ante el "abuso"

El Presidente de la República dio a conocer en cadena nacional una agenda "antiabusos y por un trato digno y justo", la cual consta de tres pilares: el combate a las colusiones y abusos en los mercados; mejorar la protección de los derechos de los consumidores y fortalecer los derechos de los trabajadores. El Mandatario justificó estas y otras medidas sobre la base de que los chilenos "anhelan y merecen una sociedad que combata con mayor eficiencia todo tipo de abusos" y proteja con rigor la dignidad de todos.

En general las medidas anunciadas por el Jefe de Estado han encontrado respaldo entre especialistas, el mundo político y la dirigencia empresarial, sin perjuicio de que en el contexto actual -donde a raíz del estadillo social existen fuertes presiones para endurecer sanciones o promover reformas mucho más audaces- habrá voces que las estimen insuficientes o que no se hacen cargo de los problemas más de fondo. Sin embargo, es lamentable que el gobierno haya perdido la oportunidad para abordar de una manera integral la realidad de las situaciones injustas que afectan la vida de los chilenos, haciendo aparecer que aquellas se deben exclusivamente a prácticas del sector privado, en circunstancias que muchas veces también le cabe al propio Estado una responsabilidad central en la ocurrencia de dichas situaciones, ya sea por su propia falta de fiscalización o por legislaciones inflexibles o arcaicas.

No cabe duda que en el caso de la colusión es razonable que el Estado busque dotarse de mejores herramientas para combatir este tipo de delito, cuya práctica daña fuertemente a la sociedad. Sanciones más drásticas e incentivos para facilitar la delación de estos hechos van en la línea correcta, sin perjuicio de que cada una de las medidas anunciadas en este ámbito requiere de un cuidado análisis, para que guarde coherencia con el resto del sistema sancionatorio. Pero al agrupar otras situaciones bajo el paraguas de "antiabuso", es fácil inducir a una estigmatización o a los equívocos. Por ejemplo, una de las medidas contempla la portabilidad financiera, para que los deudores puedan elegir la institución financiera que les ofrezca mejores condiciones. Se omite mencionar que ello requiere de una legislación que lo regule, la que de hecho ha sido recientemente presentada por el Ejecutivo, por lo que no cabe hablar de un abuso.

La eliminación de trámites notariales innecesarios, otra de las medidas que contempla la agenda, es algo largamente solicitado por la población. Pero a pesar de ello, los gobiernos han sido muy lentos para promover una reforma de esta naturaleza, pues la exigencia de actuaciones notariales muchas veces es exigida por la propia ley. Lo mismo se podría decir de la exigencia de transparentar la venta de textos escolares, tal que los establecimientos que los exigen entreguen todas las opciones disponibles a los apoderados. O de los problemas de opacidad en el mercado de los medicamentos, todos casos en que el Estado ha ido muy atrás para dictar legislaciones que modernicen o favorezcan la transparencia en los mercados, afectando a los consumidores. Es a la luz de las consideraciones anteriores que un diagnóstico "antiabuso" debe partir porque el Estado asuma su propia cuota de responsabilidad y busque formas de corregir.