La sociedad frente al acoso sexual

Inesperadamente, el tema del acoso sexual ha adquirido especial protagonismo en la discusión pública, lo que ha provocado un amplio debate acerca de una realidad que hasta hace muy poco aparecía relativamente invisible. La nutrida cantidad de figuras del mundo de la cultura, la academia y televisión que en el último tiempo han sido denunciadas por situaciones de abuso de poder, actos inapropiados o incluso por violencia sexual, ha obligado a revisar los protocolos existentes tanto en reparticiones públicas como en instituciones de educación superior, dejando al descubierto que en muchos casos aquellos están desactualizados o no existen.

Las numerosas tomas de universidades por parte de grupos feministas han sido un factor que ha permitido darle amplia visibilidad al problema del abuso y el acoso sexual, dejando a la vista que se trata de una situación más extendida de lo que se habría pensado. Así, parece ya un hecho que estas problemáticas se han instalado como tema de primer orden, y es un paso muy positivo que la sociedad esté tomando conciencia sobre la necesidad de rechazar y sancionar fuertemente conductas repudiables, asimilando que el acoso o el abuso pueden adoptar distintas formas, incluso conductas aparentemente inofensivas que han terminado siendo naturalizadas por la costumbre, como los comentarios sexistas.

Estudios internacionales han mostrado que la realidad del acoso sexual en nuestro país parece estar más extendida de lo que podría pensarse. En algunas mediciones Chile aparece entre los tres países de la región con mayor porcentaje de mujeres que declara haber sido objeto de algún tipo de acoso sexual en el último año. Las cifras de acoso sexual en el lugar de trabajo también han aumentado significativamente en los últimos tres años, otra señal que debe poner en alerta.

Frente a esta realidad, empieza a ser una exigencia ineludible que instituciones públicas y privadas actualicen sus protocolos para prevenir y sancionar todo tipo de abuso o acoso sexual, detallando con exactitud las conductas inapropiadas y creando las instancias que aseguren a las víctimas debido resguardo para formular las denuncias. En ese sentido, es preocupante que apenas siete de 60 universidades cuenten con protocolos activos en esta materia y la mayoría carezca de ellos o contengan definiciones muy imprecisas.

Los nuevos protocolos, así como deben poner especial cuidado en la protección de la víctima, también deben considerar los resguardos para asegurar una justa defensa de quienes son denunciados, ya que las acusaciones, aun cuando posteriormente se prueben falsas, tienen el potencial de dañar irremediablemente la honra de alguien. En ello cabe un rol a la propia sociedad, que debe asegurar el debido proceso hasta que no exista una resolución judicial o administrativa que confirme la veracidad de las denuncias.

Y al tratarse de un tema que importa a toda la sociedad, junto con los protocolos institucionales también cabría esperar que todos los cuerpos intermedios con capacidad de organizarse -sindicatos, federaciones de estudiantes, gremios- a su vez también eduquen y formen a sus asociados para reconocer conductas inapropiadas y evitar exponerse a ellas.