Lo que se juega en la Corte de La Haya

Tras la consistente exposición de la defensa chilena en la Corte de La Haya, ha sido posible ratificar que la demanda boliviana -mediante la cual busca forzar a nuestro país a negociar un acceso soberano al Océano Pacífico- es simplemente un artilugio, un caso fabricado a partir de viejas reivindicaciones territoriales y factores político-emocionales, pero con escaso sustento en el derecho internacional, que sería lo propio de reclamar ante una corte de justicia.

Aun cuando los alegatos se extenderán hasta mediados de la próxima semana, en esta fase la sustancia de cada una de las posturas ya ha sido desplegada. De allí que sea improbable que Bolivia sorprenda con argumentos genuinamente jurídicos. En cambio, es previsible que insista en convencer a la corte de que a raíz de las distintas negociaciones que ambos países han sostenido a través del tiempo, Chile ya manifestó su voluntad de dar a Bolivia acceso soberano al mar, generando así una suerte de derecho en favor del país altiplánico.

El equipo jurídico boliviano se encargó de desplegar ante los jueces una nutrida batería de argumentos políticos, refiriéndose a Chile como "invasor", y culpando su retraso a la pérdida territorial de que fue objeto en la Guerra del Pacífico. Todas maniobras para buscar abrir un camino que le permita saltarse el tratado de 1904, el cual no puede ser objeto de revisión de acuerdo con lo que la propia corte resolvió en su fallo de 2015 sobre las objeciones preliminares.

La defensa chilena ha sido consistente y sólida en sostener que nuestro país es respetuoso de los tratados internacionales, que no existen obligaciones pendientes con Bolivia -pues todos los temas territoriales fueron zanjados a perpetuidad en el tratado de 1904-, y que el país vecino goza -en virtud de ese tratado- de pleno acceso al Pacífico, con exenciones y garantías de libre tránsito privilegiadas. Hizo bien nuestra defensa en recordar que la demanda boliviana tiene un origen enteramente político, derivada de la Constitución de 2009, según la cual "el Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al Océano Pacífico", pretendiendo "el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio". Es decir, toda la estrategia que ha montado Bolivia apunta a una cesión territorial, lo que abiertamente desconoce el tratado de 1904.

Por cierto, en sus alegatos Chile ha hecho ver el nefasto precedente que supondría para el derecho internacional asumir que cualquier forma de interacción entre los países genera una obligación que nunca más desaparece. Nuestro país también ha recalcado su voluntad permanente de negociar una plena integración con Bolivia -diplomática, comercial-, que en ningún caso puede confundirse con una voluntad de ceder territorios.

A la luz de todos estos antecedentes, Chile debe estar confiado en la solidez de sus argumentos, que descansan estrictamente sobre la base de fundamentos jurídicos, la buena fe y tratados vigentes. No cabe sino esperar que la Corte de La Haya falle en derecho, porque de lo contrario todas las certezas sobre las cuales se construye el orden internacional se debilitan, haciendo riesgoso seguir bajo el amparo de un tribunal impredecible.