Los desafíos tras el Caso Penta



Tras un extenso proceso, el "caso Penta" está llegando a su fin, al menos desde un punto de vista judicial. Los controladores del grupo alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía para un juicio abreviado, mediante el cual se desechó el cargo de cohecho, pero en cambio se aceptó el delito de defraudación tributaria, por lo cual fueron condenados a cuatro años de pena remitida, más el pago de una multa.

No cabe duda de que por tratarse de un caso emblemático se habían creado expectativas desmesuradas, que en buena medida fueron alimentadas por la propia Fiscalía, que inicialmente presentó acusaciones muy graves que con el correr de la investigación no pudieron sostenerse. Sin embargo, que este desenlace judicial no coincida con lo que algunos esperaban dista de poder ser calificado como impunidad. Desde luego, los cargos con que el Ministerio Público presentó el caso llevaron a decretar la prisión preventiva de los controladores de Penta y posteriormente su prolongado arresto domiciliario. También se vieron expuestos a un juicio que tuvo una exposición mediática sin precedentes, lo que predispuso a la opinión pública.

La necesidad de sancionar ilícitos no puede justificar a su vez debilitar las garantías de un debido proceso, de modo que los hechos similares sean tratados de forma pareja y que los criterios aplicados por instituciones clave del Estado -ya sea para deducir querellas o zanjar infracciones tributarias- sean uniformes, lo que no ha sucedido. Cuando ocurren estos desequilibrios inevitablemente se alteran las reglas de un debido proceso, lo que no debería dejar indiferente, en especial cuando hay varios juicios pendientes, y todas las partes esperan un trato justo.

Sin duda tomará tiempo decantar las múltiples implicancias surgidas a partir de los varios casos de financiamiento irregular de la política, pero algo valioso que podría surgir es que los esfuerzos se concentren en dotar al país de nuevas herramientas legales que permitan una mejor prevención y sanción de hechos ilícitos, recogiendo los nuevos estándares ciudadanos que se han vuelto mucho más estrictos respecto a la probidad en la función pública. Para lograr este objetivo, es indispensable alejarse de los juicios destemplados, y propender a un debate sereno que pondere adecuadamente los distintos alcances.

La actual discusión para aumentar las penas sobre cohecho abre una oportunidad para el análisis. Este delito aún encuentra una muy baja penalidad en relación con los estándares internacionales, y cabe analizar si extender más la responsabilidad jurídica de las empresas. Debe asimismo revisarse el fuerte desequilibrio en materia de sanciones, donde el énfasis en penalizar institucionales y a funcionarios públicos cooptados no encuentra igual correspondencia en el caso de los políticos. Estos han sido renuentes a aprobar sanciones más estrictas para sí mismos. Tal es el caso de los delitos electorales, que tras la reciente ley de Fortalecimiento a la Democracia estableció una prescripción de apenas dos años. La pérdida del escaño parlamentario debería hacerse realidad frente a hechos irregulares, tal como lo establece la Constitución en el caso de infringir los límites y control de gasto electoral.

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