Álvaro Ortúzar

Álvaro Ortúzar

Abogado

Opinión

Los jueces que queremos

Ministro de Justicia, Hernán Larraín.

La discusión acerca de si la mayoría de los jueces son de izquierda parece haber llegado a su fin, lo que parece razonable porque estaba despertando más incordios que acuerdos. En nuestro país está instalada una discusión de fondo que no se encuentra debidamente resuelta y que puede resumirse en la siguiente interrogante: ¿Pueden los jueces interpretar la ley conforme a sus propias visiones políticas, filosóficas, religiosas o éticas, o, por el contrario, deben ceñirse a lo que el texto de la ley manda, prohíbe o permite?

Cuando el ministro Sergio Muñoz asumió, hace unos años, la presidencia de la Corte Suprema, expresó en su primer discurso de inauguración del año judicial lo siguiente: “Quienes hemos jurado respetar y aplicar la Constitución y la ley, lo hemos hecho en su integridad, con sus contornos axiológicos, sus principios y su historia, para llegar a situaciones nuevas, como una norma viva, que emerge de la mano de los jueces cada vez más robusta y siempre presente.”

La discusión actual ha avanzado. Hoy se expresa en si es aceptable o reprochable que una sentencia sea pronunciada bajo influencias de esta índole, cuando únicamente el juez, en la intimidad de su conciencia, satisface el sentido de la norma que resuelve la cuestión sometida a su conocimiento. Para la sociedad, en cambio, su pensamiento resulta desconocido, no tiene noción del límite respecto de la concepción política, histórica o ética que pudo servir de base a la sentencia. De este modo, la sociedad no sabe si el juez que falla o decide refleja el juez socialmente deseable o aquel que desatiende sus mejores rasgos.

En nuestro país día a día se deciden cuestiones de la mayor importancia donde se advierten aspectos de tipo valórico, político, cultural o ético que podrían incidir en la decisión adoptada, por ejemplo, en cuestiones medioambientales, conflictos urbanísticos y de conservación, materias laborales, asuntos que son de interés del Estado, por señalar algunas.

Hemos sostenido alguna vez, y lo reiteramos, que todos aspiramos a una categoría permanente de justicia que contribuya a la paz social; pero a estas alturas de nuestro desarrollo no es tolerable que las inspiraciones de contenido político, histórico o ético de un juzgador permanezcan en la intimidad de su conciencia. Precisamente ésta parece haber sido la idea al incorporar al Senado en la ratificación de altos cargos en el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. En esencia, lo que al país le importa es que se designen jueces de excelencia, con profundos conocimientos y capacidades, por encima de ideologías partidarias, en los que la sociedad sienta que no se ha defraudado su confianza. El juez recto no es únicamente el que falla apegado al texto. También lo es quien se vale de una interpretación amplia, bien fundada en la Constitución y en la ley, que puede comprender aspectos axiológicos o políticos de fondo. Eso sí, en estos últimos casos, hoy se requiere justificación y comprensión por la ciudadanía.

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