Felipe Ortega

Felipe Ortega

Director Ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo Territorial – CEDET- de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile y Director Académico del Diplomado en Gestión Regional.

Opinión

Los nuevos desafíos de la descentralización

Pisco es una ciudad pesquera que se encuentra a 230 kilómetros al sur de Lima. (Franck Fife) Foto: AFP.

En los últimos años, la arquitectura institucional de la Administración del Estado ha estado experimentando importantes cambios producto del conjunto de normas legales aprobadas para fortalecer el proceso de descentralización, cambios que finalmente deberán afectar también la gestión de la institucionalidad pública. Nos estamos refiriendo a los cambios que provocarán el fortalecimiento de los Gobiernos regionales y el traspaso de competencias señalados en la Ley 21.074, y la próxima elección de las máximas autoridades regionales (gobernadores regionales) señalado en la Ley 21.073.

Como es sabido,  los procesos sociales son progresivos, las demandas ciudadanas van permeando poco a poco en el aparato Estatal, hasta que finalmente éstas se van integrando y acoplando a los mecanismos de gestión existentes. Afortunadamente para nuestro país, la cada vez más creciente demanda ciudadana sobre la necesidad de descentralizar fue finalmente escuchada por nuestra clase política.

Hace 25 años el proceso de descentralización en Chile tuvo un tremendo impulso con la más importante reforma del Estado que se haya realizado hasta la aprobación de estos nuevos cuerpos legales, creándose un nivel intermedio de gobierno que no existía en nuestro país, como fue la creación de los Gobiernos Regionales  a través de la Ley 19.175.

Ese tremendo esfuerzo y desafío fue asumido por el país y cumplido a cabalidad en lo que se refiere a la creación de toda la nueva institucionalidad que se requería para tal efecto. Sin embargo, con el tiempo fue quedando en evidencia que los cambios institucionales no fueron suficientes para lograr cambiar la forma de funcionar de nuestro Estado. El Estado Central seguía asumiendo un protagonismo muy por sobre, y casi sin contrapeso, de parte de los Gobiernos regionales en la resolución de los asuntos públicos que eran importantes para las regiones.

Hoy, con la aprobación de los cuerpos legales ya señalados, estamos nuevamente como país expectantes frente a las posibilidades que se abren para profundizar el proceso de descentralización, de los cuales también como hace 25 años se desprenden numerosos desafíos.

El Estado Central, y principalmente el gobierno, tienen la responsabilidad de poner en marcha, antes de la elección de los gobernadores regionales, toda la nueva institucionalidad y adecuar mecanismos y procesos que permitan la transferencia de competencias hacia los gobiernos regionales, como también apoyar a éstos en la creación de las nuevas unidades  que  fortalecerán sus capacidades de formular políticas públicas en materia social, económica-productiva e innovación, de ordenamiento territorial, e infraestructura y transporte.

Lo que se le está entregando ahora a las regiones es la responsabilidad de liderar su desarrollo y ser actor importante de éste. En este sentido, el desafío para los gobiernos regionales significa fortalecer su capacidad para la formulación y gestión de políticas públicas de carácter territorial y con una fuerte participación de la comunidad regional.

Los nuevos desafíos de la descentralización en nuestro país ya están trazados y son inevitables, tanto para el nivel central como regional. Esperamos que ambos niveles de la Administración del Estado den cuenta pronto, de las expectativas que se han generado.

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