¿Meritocracia y gratuidad?

La Ley de Educación Superior recientemente aprobada sugiere que nuestros legisladores son expertos en estrategias de precios y redistribución del ingreso. La ley propone un sistema de aranceles que discrimina acorde a las características adscritas de los alumnos -el arancel crece con la riqueza familiar- y usa los aranceles para redistribuir ingreso. El mayor pago por parte de los alumnos de deciles superiores permitirá al Estado transferir menos recursos a las universidades con el fin de cubrir los déficits que la gratuidad genera.

Llama la atención que esta política de gratuidad no use como criterio para el pago de aranceles alguna métrica de meritos. Más bien parece estar basada en aumentar la cobertura sin mediar las consecuencias al menor costo para el Estado. Definir méritos no es fácil. La PSU es un mal predictor de ellos, el ranking es mejor predictor. Por ejemplo, estar en el 10% superior en rendimiento debería hacerte acreedor a un menor arancel y estar en el 10 % inferior a uno mayor. Nada en este espíritu se incorpora en la ley.

También es particular usar la política arancelaria de la educación superior para redistribuir riqueza. Sabemos que la redistribución se hace en general con impuesto generales progresivos y, en la medida de lo posible, utilizando aquellos que distorsionan los precios relativos en la menor cuantía. Claramente esta ley hace caso omiso de esta noción.

Es difícil comprender la real motivación detrás de este proyecto. Oponerse a la gratuidad per se parece poco reflexivo, pero aceptarla como está propuesta me parece un error. No solo no considera los méritos de los alumnos, ni la calidad de la educación, sino que tropieza con aquello que siempre tropezamos los chilenos: "las diferencias de clases". Pareciese una obsesión nuestra que se perpetúa en el tiempo y que genera más odiosidad que unión entre nosotros. Si como país optamos por gratuidad, que ésta trate a todos los ciudadanos por igual con una salvedad, los de mayor mérito han de tener mayores beneficios. Creer que el mérito en la educación superior no es relevante es desechar siglos de tradición universitaria exitosa, pero si así lo decidimos, al menos que prime un tratamiento igualitario para todos nuestros estudiantes.

Eliminar la gratuidad a sus benefactores es difícil, extenderla a todos sin importar el mérito y la situación socioeconómica es inviable. Solo queda condicionar el acceso a gratuidad al mérito escolar y garantizar créditos con aval del Estado para los que así lo desean puedan financiar su educación y paguen en función de sus ingresos futuros.

Las diferencias en la calidad de la educación media y básica recibida por los diferentes alumnos son enormes y van en desmedro de los de menores ingresos, lo que hace para estos últimos difícil rendir de acuerdo a sus capacidades. Pues bien, la solución es inyectar más dinero en propedéuticos, educación básica y media de manera que todos sin importar el origen socioeconómico tengan la misma educación y no generar incentivos perversos con consecuencias no intencionadas a través de una ley de educación mal pensada.