Movilidad social

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Una sociedad que permite una fluida movilidad social de las personas, que en base a sus esfuerzos y en un esquema de solidaridad, efectivamente puedan mejorar su calidad de vida, es un elemento fundamental a la hora de avanzar hacia el desarrollo humano integral. Así, sobre este asunto, la OCDE presentó recientemente su informe "A broken social elevator? How to promote social mobility", el que revela una lamentable realidad: la movilidad social intergeneracional en Chile es la peor de los países que componen la organización.

Como se sabe, la movilidad se mide como el tiempo que le toma a una familia perteneciente al 10% más vulnerable alcanzar el promedio de los ingresos del país. La media en la OCDE es de entre cuatro y cinco generaciones, y en los países de mayor movilidad social es de tres. No obstante, según el estudio, un niño chileno que pertenece a este 10% tardará seis generaciones en alcanzar la media (es decir, ni siquiera su tátara tátara nieto lo logrará). Existe, por lo tanto, un importante desafío para construir un país donde la movilidad social para los más pobres no sea un cuento de ciencia futura.

Bajo este marco, y más allá de las críticas en torno a otros aspectos, las políticas anunciadas durante los primeros 100 días de gobierno parecen estar bien encaminadas. Reformas como la del Sename y el sistema de alerta temprana o el anuncio presidencial en la cuenta pública sobre la iniciativa de sala de cuna, están en línea con las indicaciones de la OCDE en cuanto a proponer políticas de educación pre-escolar y programas de cuidado en la primera infancia, reduciendo las desigualdades que se producen desde el inicio del ciclo de vida. En este mismo sentido, la propuesta —ya ingresada al Congreso— de extender al 70% la gratuidad a los estudiantes de la educación técnico-profesional, donde asisten estudiantes pertenecientes a las familias más vulnerables y de la clase media, parece estar en línea con los esfuerzos para mejorar el acceso igualitario a la educación superior.

Otras propuestas de la OCDE giran en torno a mejorar el acceso igualitario en salud; políticas que promuevan el empleo y oportunidades laborales para los más jóvenes; y políticas de transferencias condicionadas a las familias más desventajadas, entre otras medidas que buscan reducir la exposición a los riesgos de las familias con mayor probabilidad de caer en la pobreza. En consecuencia, anclado en la idea de la solidaridad, es destacable el impulso de medidas de la actual administración que apunten a realizar una cirugía mayor al sistema de salud, sobre todo ayudando en la reducción de las listas de espera; o bien, aquellas que buscan reformar el sistema de capacitación; o la creación de la Red Clase Media Protegida, que establece una serie de seguros frente a eventos desafortunados que podrían generar que una familia caiga en pobreza.

En definitiva, si bien aún queda mucho por mejorar en lo que a movilidad social se refiere, son destacables los esfuerzos del gobierno por impulsar políticas públicas que permitan a los más vulnerables y a las clases medias emergentes tener mejores perspectivas futuras de vida. Sin embargo, es de esperarse que la opción preferencial por los más débiles sea un continuo y que materias como estas sean prioritarias en la agenda, desplazando aquellas que solo importan a una elite y generan división.

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