Claudio Martínez

Claudio Martínez

Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad de Santiago de Chile

Opinión

Necesidad de una ley de transferencia tecnológica

Un robot con tecnología 5G durante el Mobile World Congress, que se realizó esta semana en Barcelona, España.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación que tanto esperamos como científicos tendrá que esperar, aunque suene extraño, en parte por un problema de redacción. Sí, así lo dejaron entrever los diputados Víctor Torres y Giorgio Jackson en la sesión de la comisión mixta para zanjar el tema. Hubo un problema de redacción entre las cámaras y las modificaciones sobre licencias y patentes incluidas por los diputados quedaron redactadas de una manera tal, que a la hora de ser votadas por el senado parecían un mecanismo expropiatorio hacia los investigadores; “Se incluyó una indicación que debía ser reemplazada que evidentemente cuando se lee de corrido creó confusión al momento de discutirse en el senado” señaló Jackson.

Lo que se quería en la discusión parlamentaria era incluir la frase “salvo en aquellos casos que la ley lo establezca” como una forma de forzar, a corto o largo plazo, el debate de una ley específica en la materia. Estamos de acuerdo como Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad de Santiago con los diputados que plantean que el tema merece un debate “más profundo y más extenso” que excede la creación de una estructura ministerial, ya que exige una nueva ley de transferencia tecnológica que incorpore una discusión democrática que defina la política más adecuada para los intereses y necesidades de nuestra sociedad.

El patentamiento y la transferencia tecnológica es parte del círculo virtuoso de la investigación, desarrollo e innovación necesarios para Chile. Por eso como universidad hemos puesto el foco en esta área académica; actualmente tenemos 183 solicitudes de patentes en trámite, 113 concedidas, 20 patentes transferidas, teniendo presencia en 27 países, siendo la institución pública que más solicitudes ha realizado en los últimos años. Las universidades públicas contamos con protocolos claros y políticas establecidas respecto de a quién pertenece el resultado de una investigación y de cómo se reparten los beneficios.

Como institución estatal, el financiamiento público adjudicado por académicos de la universidad sigue siendo de propiedad estatal. Contamos eso sí, con políticas de distribución de los beneficios de las patentes que apuntan a estimular la transferencia al sector productivo y la investigación, protegiendo a los académicos. Sin embargo, estamos convencidos que si se regula en una ley incentivará aún más el patentamiento. Por eso nos sumamos al llamado de los diputados y esperamos que exista por parte del ejecutivo la voluntad para retomar la idea de especificidad de la propiedad, sacarlo del debate actual y crear de una vez por todas el Ministerio que necesitamos.

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