El país dañado por la violencia

La violencia y las protestas masivas han llevado muchas decisiones desde el plano de la aplicación de contratos específicos, donde lo que corresponde es que cada parte ajuste su comportamiento a criterios objetivos y técnicos en el marco de lo legal y pactado, al de la negociación entre partes involucradas que potencian sus intereses con la amenaza implícita o explícita de conflictos con consecuencia política. En este contexto, donde comúnmente la parte expuesta a acciones de fuerza debe conformarse con el mal menor, ha cundido el acomodo de situaciones para lograr apariencias de cumplimiento, de acuerdo equitativo, o de buen desempeño, donde la realidad es que el temor ha llevado a tolerar la arbitrariedad, altos grados de ineficiencia o, derechamente, el incumplimiento de responsabilidades básicas.

Este fenómeno afecta en forma particularmente dañina a la educación. En los distintos niveles educacionales se "cierra" el año con medidas que no logran disimular que el tiempo de los alumnos y los recursos aportados por privados o el Estado están siendo desperdiciados. En la alterada situación actual, muchas universidades han definido tareas a realizar para, formalmente, promover a los alumnos como si hubiesen profundizado adecuadamente en los contenidos que correspondía entregar, cuando la realidad es que la actividad educacional ha estado muy debilitada, cuando no suspendida, por meses.

Los alumnos verdaderamente interesados en aprender, y los profesores comprometidos, han sufrido las consecuencias. El futuro del país, que depende de su capacidad de dotarse de profesionales con conocimientos sólidos, también queda afectado, y en tal sentido cabe cuestionar aquellas salidas anticipadas que sacrifican contenidos académicos, pues lo razonable habría sido que una vez normalizado el ambiente, las materias se puedan recuperar con clases intensivas.

Lo ocurrido ilustra el fenómeno más amplio, hoy solo exacerbado, donde la calidad y eficiencia se debilitan cuando el cumplimiento de las partes queda, pudiendo evitarse, radicado en una instancia política. El país, interesado en la calidad de la educación y la salud públicas, debería avanzar hacia la institucionalidad que más favorezca la competencia, la suscripción de contratos posibles de hacer exigibles, y el interés de los estudiantes o los pacientes. Sin embargo, desde antes de los conflictos recientes, se ha estado dejando la educación escolar y también la salud pública vulnerable ante la presión de grupos de interés.

Cuesta exagerar la gravedad de que la política económica y social, y hasta la discusión de una nueva Constitución, estén condicionadas por la amenaza de violencia. El deterioro dramático de la educación, disimulado con acciones para "cerrar" el año sin conflictos, ilustra lo que cabe esperar cuando la vigencia de leyes, reglas, contratos y competencia, da paso a definiciones en instancias políticas, expuestas a hechos de fuerza.