Profesores más empoderados y nuevos desafíos para lo política educativa

Al igual que el país, el sistema educacional ha cambiado mucho en los últimos cinco o 10 años. No sólo a partir de las diversas iniciativas legales, que han modificado aspectos cruciales de la arquitectura institucional del sistema, sino por la forma en que los principales protagonistas de la educación, los directivos y docentes, han ido modificando también, de forma gradual, pero sostenida, sus concepciones, capacidades y prácticas en relación con el proceso educativo, y la mejor forma de abordarlo.

Gracias a las múltiples iniciativas de fortalecimiento del liderazgo directivo, y la selección de nuevos directivos a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP), es posible encontrar ahora equipos directivos mucho más empoderados, competentes y preparados para desarrollar un proyecto educativo propio, que interprete su visión de la educación, y se ajuste al contexto en que se insertan. Por otro lado, el trabajo insistente, hasta machacante, que ha desarrollado el Ministerio orientado a priorizar cada vez más el Proyecto Educativo Institucional (el PEI), así como el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), ha reforzado en los establecimientos la necesidad de imprimir un sello propio a su accionar, que recoja su identidad, historia y necesidades particulares, y defina metas que vayan más allá de los meros resultados académicos. De la mano de estos cambios, se ha desarrollado una planta docente cada vez más profesionalizada, con una visión de la educación consolidada partir de la experiencia, y con las capacidades para ejecutarla a través de su práctica educativa.

Obsesionados como estamos por las cifras del Simce (que se mueven poco, dicen poco), no nos hemos detenido a dimensionar estos cambios fundamentales en los actores protagónicos de nuestros establecimientos. Pero lo cierto es que contamos ahora con equipos directivos, y docentes, mucho más empoderadas de la educación que llevan a cabo, con más capacidades y disposición a involucrarse de manera activa en el diseño e implementación de los procesos de mejora, de hacer valer en los mismos sus propias creencias y visiones, y menos proclives, por tanto, a aplicar de modo mecánico orientaciones y propuestas externas, o emanadas "desde arriba".

Esta es una buena noticia, pero implica un desafío enorme para todas las políticas públicas orientadas a propiciar la mejora de la educación escolar. Requiere, en primer lugar, que los programas e iniciativas institucionales incorporen una lógica más "horizontal" que "vertical", esto es, que incluyan de modo fundamental espacios para la reflexión, negociación y construcción conjunta –con los directivos y docentes–, de las soluciones a los problemas de la educación. Establecimientos con más capacidades, y una planta docente más profesionalizada, exigen también estrategias de apoyo y capacitación que sean capaces de recoger e incorporar las experiencias y prácticas de los propios docentes, para construir a partir de éstas.

Atrás ha quedado el tiempo en que las escuelas recibían sumisamente "recetarios" de prácticas perfectas y buscaban aplicarlos de la manera más rigurosa posible, para conseguir la aprobación de los asesores o fiscalizadores externos. Ahora los establecimientos demandan un espacio de diálogo y ajuste a sus necesidades, sin los cuales un programa de apoyo, por sencillo que sea, tiene muy pocas posibilidades de tener éxito. Así también, directivos y docentes se muestran cada vez menos dispuestos a trabajar con conceptos de calidad educativa que no interpreten su propia visión de su quehacer. Esto implica un desafío enorme para la política educativa, que deberá aprender a compatibilizar la adecuada importancia asignada a algunos estándares de aprendizaje básicos (medidos a través del Simce), con una serie de otras dimensiones de la calidad educativa que se articulan cada vez con más fuerza desde los establecimientos. Cerrar, o estrechar la brecha entre las concepciones de educación que fundamentan a la política educativa, y aquellas que  alientan a los directivos y docentes de los establecimientos, resultará por tanto uno de los objetivos estratégicos de una política que se proponga tener impacto real y sustentable en los establecimientos

Estos cambios y tendencias implican una oportunidad enorme de avanzar en cambios y mejoras sustentables, que hagan sentido a los establecimientos, pero para aprovecharla es necesario que la institucionalidad pública se haga cargo de ellos, y se ajuste a este nuevo contexto con la misma celeridad y exigencia que se demanda tradicionalmente de directivos y docentes.