Axel Buchheister

Axel Buchheister

Abogado

Opinión

Querellas políticas


El llamado a retiro de un general y otros dos oficiales de Carabineros responsables de la “Operación Huracán” constituye un reconocimiento de la institución policial que las cosas no se hicieron correctamente. En cambio, el gobierno, que debía hacer efectivas las responsabilidades superiores, eludió su rol y se refugió en su maniobra distractora habitual: interponer una querella.

Un caso de texto para ejemplificar lo que no se debe hacer y que sólo sucede en Chile. Los países avanzados han establecido sistemas de persecución penal que suelen compartir una característica: son autónomos del poder político. Con ello se ha buscado que el aparato persecutor penal no responda a criterios políticos ni sea usado por el poder de turno para sus fines, que siempre son políticos. Como consecuencia, los gobiernos no pueden ejercer la acción penal.

En teoría en Chile es así, ya que la Constitución establece que un organismo autónomo, el Ministerio Público, “ejercerá la acción penal pública”, pero se dejó abierta una puerta, ya que agrega que “el ofendido por el delito y las demás personas que determine la ley podrán ejercer igualmente la acción penal”. La redacción parece querer resguardar el derecho de los afectados, porque apunta a la víctima y otras personas, pero como en la doctrina jurídica el Estado es una persona, por ahí se han colado todos los órganos públicos para ejercer la acción penal.

¿Por qué puede querellarse una entidad estatal o el gobierno, si existe un órgano público especializado y mandatado por la Constitución para hacerlo? Lo cual, desde luego, importa duplicar esfuerzos y gastos a nivel público. La respuesta es una sola: por motivos políticos. Cada vez que hay un caso que impacta al público, los gobiernos se querellan para demostrar que están haciendo algo, cuando la más de las veces las cosas han acontecido porque no han hecho lo que debieran: gobernar efectivamente y resolver los problemas. Querellas que atentan per se en contra de la autonomía al Ministerio Público, pues implican sostener desde el inicio que no hará bien su tarea y que requiere de otro que la haga.

Y que con frecuencia son voladores de luces que no han logrado nada, como se ha sido manifiesto en La Araucanía. Más aún, los indicios existentes apuntan a que quedan sin movimiento, lo que estrictamente es lógico, pues las facultades investigativas las ejercen exclusivamente los fiscales. Pero más grave, es que a veces se han usado para que los gobiernos le quiten el piso al Ministerio Público, retirando las acciones deducidas o recalificando delitos, para enviar un mensaje político a los jueces llamados a resolver, lo que atenta contra la autonomía del órgano persecutor y la independencia de los tribunales.El colmo de todo esto ha sido que los fiscales y los abogados del gobierno terminaron echándose la culpa frente a los jueces, mientras que pareciera que las policías se mandan solas. Un triste espectáculo institucional.

 

 

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