Realidad de la infancia y adolescencia en Chile



Se ha conocido el segundo informe de la situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes realizado por el Observatorio Nacional de Niñez y Adolescencia, el cual entregó un detallado análisis en relación con el ejercicio de los derechos de los menores y de cuál ha sido su evolución, aportando insumos para la construcción y desarrollo de políticas públicas.

Si bien se relevan avances importantes en algunos aspectos, como en la medición de pobreza por ingresos de los hogares con niños, niñas y adolescentes, el aumento en las tasas de asistencia escolar o el mayor acceso a prestaciones de salud, hay otros indicadores donde claramente hay deficiencias: aumento de la obesidad, tabaquismo y drogadicción, y un estancamiento en la mortalidad infantil. Especialmente preocupante - una información que viene a confirmar lo que la opinión pública ya ha conocido en otros informes e investigaciones-, son "los altos niveles de violencia grave que afectan a niños/as, el abandono, las largas permanencias y las situaciones catastróficas que viven los niños/as institucionalizados".

El aumento de los ingresos de menores a programas ambulatorios y cuidados alternativos producto del maltrato, revela una tendencia preocupante respecto de la violencia en entornos sociales y principalmente familiares, donde las intervenciones y medidas adoptadas no han sido suficientes en abordar las causas del problema. Por otra parte, que el promedio de días en internación provisoria de jóvenes privados de libertad vaya en aumento, que un porcentaje mayoritario de ellos aún conviva con adultos en recintos penales -contraviniendo la disposición de que deben estar en recintos especiales-, o que la mitad de quienes están en esa situación dejen de estudiar, pone en evidencia el incumplimiento por parte del Estado de la observancia de lo señalado en la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto a "velar porque (...) todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana".

Claramente hay una institucionalidad que no ha funcionado ni en la oportunidad ni con la profundidad que un asunto de tanta relevancia demanda.

Por otra parte, la evidencia sobre la precariedad de los menores que son objeto de violencia, es consistente con diagnósticos e informes proporcionados en otros estudios; si bien el reporte del Observatorio da cuenta de esta situación, también revela otras falencias igualmente preocupantes. Datos inexistentes, cifras desactualizadas, y materias no abordadas en las instituciones responsables, dificultan su análisis y demuestran que estos menores no han ocupado un lugar relevante en la atención.

El Consejo Nacional de la Infancia, Subsecretaría de la Niñez y aquellas que asuman la Protección Especializada y la Reinserción Social Juvenil, junto con los ministerios pertinentes deberán abordar está gran deuda que tiene el Estado, e impulsar los cambios y proyectos que permitan hacer de la observancia y respeto de los menores y adolescentes una realidad. Los problemas detectados en el presente informe confirman, una vez más, que a pesar de la abundante capa burocrática que se ha creado para atender la necesidad de menores maltratados o en situación precaria, el Estado sigue presentando fallas inexcusables.

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