Ignacio Sánchez

Ignacio Sánchez

Rector Pontificia Universidad Católica de Chile

Opinión

Reforma a la educación superior


El camino que el gobierno de Chile y los parlamentarios han tomado en la manera de entender y ver la educación superior, ha respondido más a intereses ideológicos que educacionales. En estos últimos días, bajo una gran presión para hacer calzar los tiempos, nuestro Parlamento ha despachado leyes que afectarán indudablemente el quehacer de las organizaciones de educación superior del país, sin considerar efectivamente la realidad, la experiencia, la historia, la calidad, la contribución a las políticas públicas o los aportes a la solución de los problemas de las personas en el país.

Con la ley aprobada, para las universidades estatales se instala un trato preferente, diría exclusivo, con parte de las instituciones del Cruch por el solo hecho de ser estatales, como nunca en la historia de Chile se había realizado. La justificación es el “mal trato” que habrían recibido a lo largo de su existencia, el “abandono” continuo por parte del Estado. Dos causas que no solo han afectado, por cierto, a estas universidades estatales. Hoy, sin embargo, esas causas se oficializan hacia las instituciones del G9, se les mal trata y abandona por ley.

Sin duda, que generar el aporte de los basales por ley es una buena noticia o el incremento en el basal acordado para alrededor de diez universidades del Cruch que menos basal recibían -acordado en el año 2016- y que afecta positivamente a tres universidades del G9 y que daba cuenta de una mirada sin sesgos a esa fecha. Pero hoy, en lo que se refiere al apoyo en el desarrollo, en la participación preferente en la realización de las políticas públicas del país y de regiones, en el trato directo y apoyo financiero a las universidades regionales estatales o en la formalización del Consejo de estas universidades que terminan por poner una lápida al Cruch, lo que se observa, es una serie de decisiones que no solo han buscado mejorar a las instituciones del Estado, sino que han, claramente, quitado los patines, limitando el desarrollo y ahogando a las instituciones del G9, especialmente de regiones.

No es efectivo que los recursos se mantienen, pues éstos no consideran las pérdidas por gratuidad que en el caso de la Universidad Católica del Maule llegan a los 360 millones de pesos. Lamento profundamente que en estas instancias, el mismo Ministerio de Educación, los gobiernos regionales, los parlamentarios de regiones o el mismo Cruch en su conjunto, no hayan defendido a las universidades no estatales agrupadas en el G9, que han ayudado de manera indiscutible en políticas como el PACE o la atención a la vulnerabilidad a través de los centros de negocios en localidades desfavorecidas, en los observatorios laborales de región, etc. Muchos han callado. Ha primado el interés exclusivo e ideológico de imponer una manera de entender y ver a la educación superior. Solo espero que el nuevo gobierno y los que vengan puedan tener en mayor valor a las instituciones no estatales del Consejo de Rectores.

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