Resolución de calificación ambiental

SEÑOR DIRECTOR

Este viernes 29 de junio la Corte Suprema confirmó la anulación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Central Hidroeléctrica Doña Alicia (río Cautín, región de La Araucanía) por ilegalidades producidas durante la evaluación ambiental, en particular en el marco de la consulta indígena. Caso similar del proyecto Central Mediterráneo (río Puelo, región de Los Lagos) cuya RCA también fue revocada en diciembre de 2017.

Ambos casos han sido utilizados para hacer creer que hay una tendencia generalizada de que las comunidades indígenas paralizan grandes proyectos de inversión, lo que ha llevado a algunos a proponer la necesidad de denunciar el Convenio 169 de la OIT. Sin entrar en los detalles sobre el retroceso en materia de derechos humanos que ello implicaría, hay consideraciones de hecho que se deben tener presentes, como por ejemplo, que estos casos no son la regla sino la excepción. Un reciente estudio de Espacio Público en materia de acceso a la justicia ambiental, ha demostrado que la capacidad que tiene la sociedad civil organizada de oponerse a proyectos de inversión es marginal. Y en el caso de las comunidades indígenas, a noviembre de 2017, ninguna había tenido resultados positivos en sede judicial. Lo anterior no sorprende si consideramos el nivel de asimetrías existentes, en que las comunidades deben enfrentarse no solo al Estado sino también a los titulares de proyectos.

El vasto conocimiento de las comunidades sobre los territorios donde habitan es un insumo valioso y un aporte fundamental para el desarrollo sostenible. De ahí la relevancia de que la consulta y la participación no se vea como un trámite, sino como una oportunidad para mejorar el diseño y ejecución de los proyectos de inversión en el marco de un diálogo permanente.

Camila Palacios

Investigadora de Espacio Público