Senado y fallos del Tribunal Constitucional

El presidente del Senado citó para el miércoles próximo a una sesión especial de esa corporación, con el objeto de analizar las implicancias que tiene para el Parlamento, en particular sobre sus competencias, las recientes sentencias del Tribunal Constitucional (TC). La sesión, originalmente convocada para ayer y que fue dejada sin efecto, fue solicitada por los comités Partido por la Democracia e Independientes, Partido Socialista, Partido Demócrata Cristiano y Partido Revolución Democrática. Está citado, entre otros, el presidente del TC.

Esta citación tiene profundas implicancias y no debiera pasar inadvertida, aun cuando en el último tiempo se haya vuelto "parte del paisaje" reprochar al TC. Tanto es así que incluso es posible advertir cierto pudor en la discusión cuando se debe argumentar sobre el mismo. Algo parecido ocurrió en los últimos años con otras instituciones o conceptos, que primero desacreditados y luego demonizados, han ido desapareciendo de la jerga de lo "correcto" (sin que aparezcan los fundamentos para sepultarlos). En el caso del TC, y sin perjuicio de que puedan existir aspectos de su funcionamiento o de la forma en que se designan sus integrantes que puedan merecer revisión, las críticas se han acentuado y se ha complicado el tono y la forma en que ellas se plantean.

En ocasiones, la crítica es frontal, y en otras, es más solapada, argumentándose que ha de defenderse a ultranza lo resuelto por las mayorías democráticas -como si lo zanjado por ellas no admitiera controles-, o que los fallos del TC han cercenado derechos otorgados por el Parlamento a los ciudadanos (consumidores, mujeres, estudiantes). Por cierto, la organización del gobierno democrático significa radicar en el pueblo la voluntad soberana, la que se manifiesta en instituciones como lo es el Parlamento, el que juega un rol insustituible; pero ello no quiere decir que lo decidido por éste no admita controles. De hecho, todas las democracias modernas así los contemplan, existiendo consenso transversal e internacional en las virtudes de dichos mecanismos.

Para canalizar estas críticas o el "malestar", se utilizan, como en este caso, instancias institucionales, como lo es el funcionamiento en sala del Senado y las plataformas que brinda el estar investido de determinados cargos públicos. Ello "viste" al cuestionamiento, en tanto lo manifiesta como uno institucional, apareciendo así que ciertos poderes del Estado están discutiendo el actuar y decisiones de otros organismos constitucionalmente autónomos, lo que ciertamente no es adecuado ni se condice con nuestro ordenamiento jurídico.

En aras del respeto republicano por el marco normativo que rige en el estado de derecho, es altamente desaconsejable que la clase política persevere en esa línea de acción. Instrumentalizar la discusión en esta materia, con miras a defender la gestión de una coalición política u horadar instituciones relevantes para nuestra institucionalidad -tal como está ocurriendo en contra del TC- sin ponderar adecuadamente sus consecuencias, puede tener efectos indeseados y muy complejos de dimensionar. El cuidado en las formas y en el fondo respecto a cómo se plantean las diferencias en democracia es de la mayor importancia.